El Tribunal de Garantía decretó prisión e internación provisoria para los cuatro implicados en el crimen de un menor de 12 años. El Ministerio Público solicitará las máximas penas contempladas en la legislación penal por el delito de robo con homicidio.
Uno de los antecedentes que llamó la atención de los investigadores tras la detención de los involucrados en el robo con homicidio que terminó con la vida de un niño de 12 años, es que uno de los imputados que se creía menor de edad en realidad tiene 18 años.
Fabio, padre del menor de 12 años que perdió la vida tras un violento robo vehicular en la Ruta 5 Sur, habló públicamente por primera vez. Agradeció el respaldo ciudadano y solicitó gestiones oficiales para reunir en Chile a sus otros tres hijos y a su hermano, quienes se encuentran en Argentina.
Sujeto la golpeó mientras la adulta mayor estaba a las afueras de un negocio apoyada por su andador ortopédico. Familia se queja de que justicia dejó libre el agresor.
El Tribunal de Garantía decretó prisión e internación provisoria para los cuatro implicados en el crimen de un menor de 12 años. El Ministerio Público solicitará las máximas penas contempladas en la legislación penal por el delito de robo con homicidio.
Uno de los antecedentes que llamó la atención de los investigadores tras la detención de los involucrados en el robo con homicidio que terminó con la vida de un niño de 12 años, es que uno de los imputados que se creía menor de edad en realidad tiene 18 años.
Fabio, padre del menor de 12 años que perdió la vida tras un violento robo vehicular en la Ruta 5 Sur, habló públicamente por primera vez. Agradeció el respaldo ciudadano y solicitó gestiones oficiales para reunir en Chile a sus otros tres hijos y a su hermano, quienes se encuentran en Argentina.
Sujeto la golpeó mientras la adulta mayor estaba a las afueras de un negocio apoyada por su andador ortopédico. Familia se queja de que justicia dejó libre el agresor.
Fue encontrado por personas en situación de calle. Fiscalía ECOH confirmó que el ataque habría ocurrido en el mismo sector.
Un homicidio quedó al descubierto durante la madrugada de este sábado en un vertedero clandestino ubicdo entre Puente Alto y San Bernardo, donde un hombre fue encontrado gravemente herido con impactos balísticos.
El hecho es investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, en coordinación con Carabineros, tras el hallazgo de la víctima en un sitio utilizado irregularmente como basural.
De acuerdo con los primeros antecedentes, el caso salió a la luz cerca de las 05:00 horas, cuando personas en situación de calle alertaron sobre la presencia de un hombre moribundo en el lugar, ubicado en las inmediaciones de la caletera Acceso Sur. La víctima presentaba heridas de bala y falleció producto de su gravedad.
El fiscal ECOH, Leonardo Tapia, precisó que «se trata de una persona chilena de 44 años de edad. De los antecedentes que hemos recolectado, es que cerca de las 04:00 y 05:00 de la mañana unos testigos encuentran a esta persona lesionada, quienes son principalmente personas en situación de calle».
Habría sido baleado en el lugar
Respecto a la dinámica del crimen, el persecutor indicó que «preliminarmente, lo que podemos indicar es que los impactos se habrían producido en este sector, a propósito de la cantidad de vainillas que se han recogido en el sitio del suceso».
Además, el fiscal informó que la víctima contaba con antecedentes policiales: «es una persona que sí tiene antecedentes por tráfico de drogas y también infracción a la Ley de Control de Armas. Dentro de los antecedentes, se trataría de una persona residente en Puente Alto».
Por instrucción de la Fiscalía, equipos especializados del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con él o los responsables.
Jornada liderada por la Delegación Presidencial Provincial reunió a autoridades judiciales y policiales en Puente Alto para fortalecer herramientas de denuncia y actuación.
Una jornada de capacitación orientada a abordar la violencia en contextos escolares reunió a representantes de comunidades educativas de la provincia Cordillera en la sede Puente Alto de Duoc UC. La instancia fue encabezada por la delegada presidencial provincial, María Angélica Villadangos, y tuvo como foco fortalecer herramientas de prevención, denuncia y actuación frente a este tipo de situaciones.
La actividad convocó a representantes de distintos establecimientos educacionales y contó con exposiciones de autoridades del ámbito judicial y policial. Entre ellas, la fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puente Alto, Denisse Valenzuela Tobar; el fiscal encargado de causas de responsabilidad penal adolescente, Rodrigo Peña; el jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Puente Alto, subprefecto Carlos Guerra; y el mayor Claudio Medina, del Departamento de Plan Cuadrante e Integración Comunitaria.
Herramientas para la prevención y la convivencia
Durante la jornada se abordaron materias vinculadas a los mecanismos de denuncia, la respuesta institucional y los protocolos de actuación frente a hechos de violencia en establecimientos educacionales. Las exposiciones buscaron entregar orientación desde los distintos ámbitos de competencia, además de relevar la importancia de la coordinación entre instituciones y comunidades educativas.
La instancia también permitió reforzar la necesidad de actuar de manera oportuna ante este tipo de situaciones, así como fortalecer los canales de denuncia y promover entornos educativos más seguros y basados en el respeto.
La delegada presidencial provincial de Cordillera, María Angélica Villadangos, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de capacitación y articulación para entregar herramientas concretas a las comunidades educativas de la provincia y contribuir a la protección de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, agradeció la asistencia, la disposición y el interés de las autoridades expositoras, de los representantes de los establecimientos educacionales y de las instituciones participantes, así como a Duoc UC sede Puente Alto por facilitar sus instalaciones para el desarrollo de la actividad.
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera señalaron que se continuará impulsando instancias de coordinación y trabajo colaborativo con distintos organismos, con el objetivo de fortalecer la prevención frente a situaciones de violencia escolar y aportar a comunidades educativas más seguras.
Los funcionarios resultaron heridos luego que un vehículo con encargo por robo impactara de lleno al móvil policial.
Dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados y una radiopatrulla terminó completamente destruida tras una persecución policial registrada la noche del jueves en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.
De acuerdo con información publicada por Radio Bio Bio, el procedimiento se inició en la intersección de San Jorge con Vicuña Mackenna, luego de que personal policial detectara un vehículo que mantenía encargo vigente por robo. Ante esta situación, los uniformados intentaron fiscalizar el automóvil, lo que derivó en una persecución por distintas calles del sector.
El seguimiento se extendió hasta el cruce de María Elena con La Concordia, donde el conductor del vehículo perdió el control e impactó contra un poste. En ese mismo punto, el automóvil colisionó además con la radiopatrulla que participaba del operativo, provocando daños de consideración en el vehículo policial.
Como consecuencia del procedimiento, dos carabineros resultaron con lesiones de diversa consideración, mientras que una persona fue detenida en el lugar.
El hecho es materia de investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente y establecer eventuales responsabilidades.
Los recursos corresponden a las primeras cuotas de 2026 de los fondos asociados al royalty minero, que beneficiaron a 308 comunas a nivel nacional.
La comuna de Puente Alto encabeza el listado nacional de recursos provenientes del royalty minero, tras recibir $3.771 millones en las primeras transferencias de 2026, según informó la Tesorería General de la República (TGR).
De acuerdo con el organismo, durante abril se concretó la distribución de $113.268 millones a nivel país, correspondientes a las dos primeras cuotas del año de los fondos asociados al royalty: el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI). En total, 308 comunas resultaron beneficiadas en esta etapa.
Tras Puente Alto, las comunas con mayores montos asignados fueron Calama ($2.263 millones), Maipú ($1.949 millones), Copiapó ($1.492 millones), La Pintana ($1.485 millones) y Huasco ($1.399 millones).
Estos recursos forman parte de un esquema de financiamiento creado por la Ley 21.591, que establece mecanismos para redistribuir ingresos generados por la actividad minera hacia comunas con menor desarrollo relativo o que enfrentan impactos ambientales derivados de esta industria.
Según explicó el tesorero general, Hernán Nobizelli, la distribución de estos fondos se realiza en base a criterios definidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), priorizando a municipios con alta dependencia del Fondo Común Municipal o con menores ingresos propios.
El monto transferido en abril de 2026 supera en $86.908 millones al registrado en el mismo mes del año anterior, en el marco de un sistema que comenzó a operar plenamente en 2025, tras una etapa preliminar durante 2024.
Informe de financiamiento municipal
En paralelo, la TGR dio a conocer una nueva edición del Informe de Financiamiento Comunal, que detalla las transferencias realizadas a los 345 municipios del país durante 2025. Según este documento, el total distribuido alcanzó los $2,9 billones, de los cuales la mayor parte correspondió al Fondo Común Municipal (FCM), con $2,7 billones.
El informe también indica que la recaudación del impuesto territorial —principal fuente de financiamiento del FCM— llegó a $2,6 billones en 2025, con un incremento nominal de 3,4% respecto del año anterior, aunque con una leve caída real de 0,7%.
Con estas cifras, el sistema de financiamiento municipal sigue consolidándose como uno de los principales mecanismos de redistribución de recursos a nivel local, incorporando desde 2025 los aportes derivados del royalty minero para complementar los ingresos de las comunas.
Seis detenidos dejó un operativo de la Bicrim en Volcán III y Los Canales, donde además se incautaron más de 7,7 kilos de droga, armas ydinero en efectivo.
Un operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular varios puntos de venta de droga en distintas poblaciones de Puente Alto, tras diligencias encabezadas por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) local.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por infracción a la Ley N° 20.000 y a la Ley de Armas, y contempló órdenes de entrada y registro autorizadas por el Juzgado de Garantía de Puente Alto. En ese contexto, detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) intervinieron cuatro domicilios: tres en la población Volcán III y uno en el sector de Los Canales.
Como resultado del operativo, seis personas adultas fueron detenidas. De acuerdo con la información policial, los imputados mantenían antecedentes por delitos asociados al tráfico de drogas y a la infracción de la Ley de Armas. Además, uno de ellos registraba una orden de detención vigente por tráfico ilícito de estupefacientes, con fecha 26 de marzo de este año.
En los inmuebles intervenidos, la PDI incautó un total de 7.738,98 gramos de distintas sustancias ilícitas. Entre ellas, 4.477,61 gramos de clorhidrato de cocaína equivalentes a 3.410 dosis, con un avalúo cercano a los $67 millones; 2.835,49 gramos de cocaína base (7.811 dosis) avaluados en $14 millones; y 425,88 gramos de cannabis, correspondientes a 82 dosis, con un valor aproximado de $430 mil. El avalúo total de la droga decomisada asciende a $81.430.000.
Banda arrendaba departamentos para vender drogas
El procedimiento reveló que los delincuentes arrendaban departamentos en estas poblaciones y los ocupaba para almacenar y comercializar sustancias.
Además, se incautó un arma a fogueo tipo pistola calibre 9 mm, junto a diversos elementos asociados a la dosificación y comercialización de droga, como balanzas digitales, bolsas plásticas y papeles recortados. También se encontraron equipos tecnológicos como cámaras de seguridad, DVR y un disco duro; tres chalecos balísticos y dinero en efectivo por un monto de $3.843.750.
Los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Puente Alto, desde donde se instruyó que los seis detenidos sean presentados a control de detención durante la jornada siguiente.
El espacio busca articular el trabajo entre academia, industria y sector público, promoviendo el desarrollo de proyectos tecnológicos aplicados y fortaleciendo la formación en contextos reales.
Esta semana se realizó el lanzamiento del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT) en Duoc UC sede Puente Alto, una iniciativa de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones orientada a generar un vínculo efectivo entre estudiantes, empresas y el entorno público, con foco en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas.
El CITT se proyecta como una plataforma de trabajo colaborativo donde convergen la formación académica y los desafíos reales de la industria, permitiendo a los estudiantes participar en procesos de investigación, desarrollo e innovación desde etapas tempranas.
“Este es un espacio para crear, experimentar y llevar las ideas a un siguiente nivel, especialmente en áreas como robótica, inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos o realidad aumentada”, señaló Alejandra Acuña, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones.
Durante la inauguración se presentaron diversos proyectos desarrollados por estudiantes, destacando iniciativas que integran tecnologías como inteligencia artificial, robótica y desarrollo de hardware. Entre ellos, un prototipo de robot de rescate capaz de detectar personas en contextos de emergencia, combinando diseño e impresión 3D con sistemas de procesamiento avanzado para apoyar labores de búsqueda en entornos complejos.
Por su parte, Claudio Alcota, subdirector de Proyectos de la Escuela, destacó que “el CITT representa una oportunidad concreta para fortalecer la empleabilidad de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar proyectos en contextos reales, con estándares del sector y en colaboración con distintos actores del ecosistema”.
La apertura de este centro se enmarca en una tendencia creciente de fortalecimiento de ecosistemas de innovación en la educación superior, donde la colaboración entre distintos sectores se posiciona como un eje clave para el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano avanzado.
El senador acusa daño a su honra y asegura que el monto real en combustible es cinco veces menor al difundido por el alcalde de Puente Alto.
El senador Manuel José Ossandón presentó una querella criminal contra el alcalde Matías Toledo, solicitando una pena de tres años de cárcel en su contra por el delito de injurias graves cometidas por escrito y con publicidad. La acción fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, según información publicada por Radio Bío Bío.
De acuerdo con el medio, el conflicto se remonta a un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, en el que se dio cuenta de que Ossandón rindió cerca de $46 millones en traslados durante 2025, cifra que considera combustible, peajes, arriendo de vehículos y otros gastos asociados. Estos antecedentes fueron posteriormente difundidos por el jefe comunal en medio de una serie de cruces públicos entre ambas autoridades.
En ese contexto, Toledo señaló en un video publicado en su cuenta de Instagram el pasado 26 de marzo: “Oiga, senador Ossandón, ¿quiere que le de un consejo? Mire, estaba revisando la Radio Bío Bío y sale que usted es el que más gasta en el Senado en combustible: 46 millones de pesos al año“.
Tras anunciar acciones legales, el parlamentario concretó la presentación de la querella, otorgando patrocinio al abogado Samuel Donoso y facultando también a los juristas Andrea Rivera y Gabriel Campos para su representación.
Posteriormente, el 8 de abril, el alcalde difundió un nuevo registro en el que matizó sus dichos, señalando que “el senador Ossandón no gasta 46 millones de pesos al año en combustible; todos los chilenos le pagamos los TAG, peajes, el arriendo de vehículos y estacionamientos. Y no solo esto, porque no es solamente a él, sino que también es a todo su equipo”.
Claves de la querella: disputa por cifra y acusación de injurias
Según detalla la acción judicial, se solicita para el alcalde la pena de 3 años de reclusión menor en su grado medio, además de una multa de 20 unidades tributarias mensuales, en base a lo establecido en el artículo 418 del Código Penal.
El escrito sostiene que la publicación del jefe comunal contendría información incorrecta, ya que el reportaje original precisa que los “46 millones corresponden a traslación y no a combustible”. En esa línea, Ossandón afirma que el gasto específico en combustible, tanto suyo como de su equipo durante 2025, alcanzó los $8.660.945.
“Monto muy inferior a la cifra que difunde el querellado Toledo Herrera (el alcalde de Puente Alto). Dicho monto es 5 veces inferior a la información dolosamente difundida”, indica el documento.
Finalmente, el senador también se refirió a las consecuencias personales que, a su juicio, han tenido estas declaraciones: “Han producido daño directo a mi persona, y han tenido un impacto directo en mi honra y autoestima, puesto que he recibido directamente insultos públicos, ya sea, en la calle mientras desempeño mis funciones, como también en mis redes sociales personales, y de familiares cercanos“.
Conoce aquí el horario de la interrupción de suministro, la hora estimada de reposición y cuáles son las calles afectadas.
Un corte de agua programado fue informado por la empresa Aguas Andinas para un sector del sur de la comuna de Puente Alto, según detalló la sanitaria en su sitio web oficial.
La interrupción del suministro afectará al cuadrante comprendido entre calle San Pedro, Avenida Concha y Toro, Avenida Costanera y Los Cerezos, abarcando tanto viviendas como recintos comerciales ubicados dentro de ese perímetro.
Este tipo de intervenciones, explicaron, buscan optimizar el funcionamiento del sistema y reducir la probabilidad de fallas o emergencias en el suministro a futuro.
Ante esta situación, Aguas Andinas recomendó a los vecinos del sector tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua con anticipación para consumo y uso doméstico.
¿Cuál será el horario del corte de agua en Puente Alto?
De acuerdo con la información entregada por la compañía, el corte se iniciará a las 15:00 horas de este jueves 23 de abril y se extenderá hasta las 03:00 horas del viernes 24, lo que implica una suspensión de cerca de 12 horas.
Desde la empresa indicaron que la medida responde a trabajos de renovación de redes, los que forman parte de labores de mantención y mejoramiento de la infraestructura sanitaria en la comuna.
Asimismo, se sugiere a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales de la sanitaria ante cualquier eventual modificación en los horarios o alcances del corte.
A más de un año del homicidio ocurrido en septiembre de 2024, cuando la víctima fue brutalmente golpeada hasta su muerte por un grupo de sujetos en la vía pública, la causa entra en su etapa clave con la validación de pruebas y testigos.
Durante la mañana del jueves 17 de abril se realizó la audiencia de preparación de juicio oral por el homicidio de José Díaz, ocurrido el 18 de septiembre de 2024 en la intersección de Sargento Menadier con Nocedal, en Puente Alto. La instancia se extendió por cerca de dos horas y 50 minutos y marcó un nuevo avance en una causa que involucra a múltiples imputados.
Según explicó la abogada querellante, Nicole Soto, uno de los puntos centrales de la jornada fue la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva de tres imputados: David Ahumada, John Lenis Vargas y José Manuel Solís. La defensa argumentó el tiempo prolongado que han permanecido privados de libertad, sin embargo, el tribunal resolvió mantener la medida.
“Los acusados se encuentran en prisión preventiva y eso es un logro importante en comparación a causas similares”, señaló Soto, quien destacó que la gravedad del delito y los antecedentes reunidos fueron determinantes para sostener la medida.
Prueba, testigos y desarrollo del juicio
En la audiencia también se revisó y validó el conjunto de pruebas que serán presentadas en el juicio oral. Tanto el Ministerio Público como la parte querellante expusieron un volumen significativo de antecedentes.
De acuerdo con Soto, la prueba incluye al menos ocho testigos con identidad reservada, 24 testigos civiles, cerca de 10 peritos y evidencia material. “Estamos más que convencidos de que la suma de estos medios de prueba va a permitir acreditar la autoría de las personas acusadas”, afirmó.
El juicio oral, cuya fecha será fijada próximamente, tendrá una duración variable dependiendo del desarrollo de la prueba. En esta etapa serán juzgados seis adultos, entre ellos Pedro Espinoza Vergara, quien en su momento estuvo prófugo y fue capturado por la Policía de Investigaciones y formalizado en septiembre de 2025.
Durante la audiencia, la defensa buscó excluir parte de la prueba presentada por la Fiscalía y la querellante, incluyendo testigos protegidos. Sin embargo, estas solicitudes fueron rechazadas.
Expectativas de condena
Desde la parte querellante se reiteró que las penas solicitadas son altas, considerando la gravedad de los hechos. Según explicó la abogada Soto, las condenas que se buscarán van desde los 20 años de presidio hasta el presidio perpetuo calificado para la mayoría de los imputados.
“El piso mínimo es de 20 años, incluso para los imputados sin antecedentes. Esperamos condenas ejemplares”, sostuvo.
El caso ya registra condenas previas: dos menores de edad fueron sentenciados mediante procedimiento abreviado y actualmente cumplen un régimen mixto, que incluye internación en centro cerrado y libertad asistida.
El impacto en la familia
A más de un año del crimen, el proceso judicial avanza, pero las consecuencias en la familia de la víctima siguen presentes.
Sabina, la viuda de José Díaz, afirma que su principal motivación es que el caso no quede impune. “Siento que mi lucha, además de justicia, se trata también de la seguridad para mis hijos, de garantizarles que estos tipos no volverán a las calles. Nada nos va a devolver a José, pero espero que paguen por todo el daño ocasionado”, expresó.
Y es que el dolor de la pérdida sigue latente en el hogar que dejó el . Una de sus hijas se encuentra en tratamiento psicológico tras lo ocurrido, mientras que otra enfrenta un cuadro depresivo. “Era como que cada uno estaba viviendo su duelo individualmente”, relató.
En el caso del hijo menor, la madre describe episodios de crisis marcados por rabia y cambios de conducta. “Llora de enojo, pregunta por qué su papá se fue. No era así antes”, señaló.
Mientras la causa se encamina al juicio oral, la familia insiste en que aún quedan diligencias pendientes, particularmente en la detención de otros involucrados. El proceso judicial continúa, con la expectativa de que el tribunal determine responsabilidades y eventuales condenas en los próximos meses.
El ente fiscalizador advirtió deficiencias en la fundamentación del contrato y en la información sobre la propiedad de la empresa.
La Contraloría General de la República anunció el inicio de un sumario administrativo y una fiscalización en el Hospital Sótero del Río, tras detectar irregularidades en la contratación de una empresa de servicios médicos cuyo principal dueño era un facultativo del mismo establecimiento.
De acuerdo con el organismo contralor, el centro asistencial puentealtino suscribió un contrato por $680.271.966 con la empresa “Sociedad de Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda.” para la prestación de servicios profesionales médicos especializados en tratamientos quirúrgicos de traumatología.
La investigación estableció que la sociedad contratada estaba compuesta por dos socios: un funcionario del propio hospital, con un 8% de participación directa, y la sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada, con el 92% restante. Sin embargo, esta última empresa estaba integrada en un 98% por el mismo médico del recinto, lo que lo posiciona como beneficiario final mayoritario del contrato.
Sustento legal
Según detalló la Contraloría, la Ley N°19.886 prohíbe a los organismos del Estado celebrar contratos administrativos con su propio personal o con empresas en las que estos tengan participación, salvo excepciones debidamente fundadas. En este caso, el ente fiscalizador advirtió que la resolución que aprobó el contrato no cumplía con ese requisito.
Además, se constató que el hospital informó que el médico tenía una participación minoritaria en la empresa (8%), omitiendo su vínculo mayoritario indirecto a través de la otra sociedad involucrada. Esta situación, según el organismo, afecta principios como la integridad, la transparencia y la confidencialidad del proceso.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría determinó iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades al interior del recinto de salud, junto con una fiscalización orientada a revisar el proceso de contratación.
