Reos de Puente Alto fueron trasladados a Talca en operación Cancerbero

Bajo estrictas medidas de seguridad y escolta aérea, Gendarmería movilizó a internos de alta peligrosidad desde la cárcel local Centro Penitenciario La Laguna.

Este jueves 13 de agosto Gendarmería de Chile, en conjunto con Carabineros y la PDI, concretó un masivo traslado de reos de alta peligrosidad. La diligencia, denominada “Operación Cancerbero”, tuvo como punto de origen diversos penales, destacando el retiro de internos desde la cárcel de Puente Alto.

El destino final de los reclusos es el Centro de Cumplimiento Penitenciario La Laguna, ubicado en la región del Maule. Este recinto fue seleccionado por sus altos estándares de control, siendo calificado como el más seguro del territorio nacional.

El procedimiento comenzó durante la madrugada con el equipamiento de los internos con vestimentas de alta visibilidad para facilitar su vigilancia ante cualquier contingencia. Cerca de las 07:00 horas, la columna de buses inició su desplazamiento bajo resguardo terrestre y aéreo.

Traslado estratégico desde Puente Alto

Los internos trasladados en esta jornada provienen de recintos estratégicos de la Región Metropolitana, incluyendo Puente Alto, Colina 1, Colina 2 y el complejo REPAS. En el caso de los prisioneros de regiones, el proceso de concentración en Santiago se realizó de forma escalonada desde el fin de semana pasado.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la operación contempla el movimiento inicial de 191 personas privadas de libertad. De este grupo, 37 corresponden a integrantes de estructuras de crimen organizado, incluyendo a nueve de sus líderes principales.

Sin embargo, las autoridades informaron que durante el transcurso del día la cifra total de reos trasladados ascenderá a 687 internos. Este despliegue representa uno de los movimientos penitenciarios más grandes registrados bajo la actual administración.

Régimen de aislamiento «estilo Bukele»

Los reclusos que ingresen a La Laguna estarán sujetos a un régimen de máxima seguridad inspirado en el modelo salvadoreño y el estándar 41-bis italiano. Esto implica que los internos deberán vestir uniformes obligatorios y enfrentarán severas restricciones de comunicación.

El plan de seguridad establece que los líderes criminales permanecerán en un estado de aislamiento que prohíbe visitas, llamadas telefónicas y el acceso a cualquier tipo de señal externa. El objetivo es eliminar el poder de mando que estos sujetos ejercen desde el interior de las cárceles.

«La idea es crear una nueva infraestructura de máxima seguridad, capaz de albergar a los criminales más peligrosos del país y separarlos del resto», señalaron fuentes oficiales tras el operativo. La vigilancia incluirá el uso de tecnología avanzada para asegurar que los recintos estén libres de celulares y televisión.

Impacto en la seguridad nacional

La operación fue transmitida en vivo por la Presidencia de la República y forma parte de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast. El mandatario se trasladó al Maule junto a los ministros de Justicia y Seguridad para supervisar la recepción de los internos.

El despliegue contó con la escolta de dos helicópteros institucionales y brigadas especializadas de la PDI y Carabineros para evitar intentos de rescate o fugas durante el trayecto. El operativo Cancerbero marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de penales críticos en Chile.

“Este reel es para el alcalde de Puente Alto”: la petición de cirujana dentista en plena plaza

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A través de un registro en redes sociales, la profesional Alexis Araya comparó el trato que reciben los lustrabotas en Providencia y Puente Alto.

La odontóloga Alexis Araya, conocida en redes sociales como @alexisarayaodontologia, realizó un emplazamiento público al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, para regularizar la situación laboral de los lustrabotas locales. La profesional destacó la necesidad de brindar formalidad a quienes ejercen este oficio tradicional en la vía pública.

La petición surge tras constatar las diferencias en las condiciones de trabajo entre diversas comunas de la Región Metropolitana. Según la profesional, mientras en sectores como Providencia estos trabajadores son valorados, en Puente Alto enfrentan la falta de regulación.

«Yo siempre limpio mis zapatos en Providencia, y a los lustrabotas en Providencia los tratan bastante bien. Son como un patrimonio ciudadano», señaló Araya en su intervención dirigida a la autoridad municipal.

La cirujana dentista utilizó su propia experiencia como usuaria para ejemplificar la problemática. En su relato, mencionó a «don Jorge», un lustrabotas de Providencia con quien se atiende habitualmente y quien goza de un entorno de trabajo respetado.

Sin embargo, al trasladarse a su propia comuna, identificó a «don Luis», un trabajador de Puente Alto que desempeña la misma labor bajo condiciones de vulnerabilidad. Araya denunció que, a diferencia de sus pares en el sector oriente, los trabajadores locales carecen de autorización.

«Acá está don Luis, y no tienen permiso, y básicamente tienen que trabajar a escondidas», fustigó la profesional. En el registro, resaltó la calidad técnica del servicio prestado, calificándolo como un «trabajo maravilloso» que merece reconocimiento oficial.

Llamado a la formalidad y generosidad

El núcleo de la propuesta entregada al alcalde Toledo consiste en permitir que estos trabajadores puedan operar de manera formal y abierta. Araya enfatizó que la regularización permitiría eliminar el temor a sanciones por trabajar sin patentes o permisos municipales,.

«Invito a la gente de Puente Alto que sean generosos y que vengan aquí y puedan trabajar formalmente», expresó la odontóloga. Para la profesional, la formalización es el primer paso para dignificar una labor que considera esencial para la vida urbana.

Carabineros allana en Pirque en operativo que vincula a chico reality Camilo Huerta

Carabineros realiza operativo simultáneo a nivel nacional para desbaratar banda criminal.

Efectivos del Departamento OS7 de Carabineros está realizando una serie de allanamientos a nivel nacional, donde se está desbaratando a una organización criminal que utilizaba como fachada la medicina alternativa para cubrir una serie de ilícitos

Desde la policía uniformada se aclaró que la investigación no está dirigida contra el cannabis medicinal, los pacientes ni el uso terapéutico realizado dentro del marco legal.

Por ahora se conoce el allanamiento a una parcela de la comuna de Pirque, operativo que vincula a chico reality Camilo Huerta

Noticia en desarrollo…

Suspenden tradicional Teletón en Bajos de Mena

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El evento solidario en el emblemático sector no se llevará a cabo durante este 2026, tras cinco años de realización ininterrumpida.

La Organización Teletón Bajos de Mena confirmó que, tras el lanzamiento oficial de la campaña nacional 2026, se ha visto obligada a cancelar su tradicional evento local. La medida responde directamente a la falta de autorizaciones y apoyo logístico por parte de Carabineros de Chile.

Según el comunicado oficial emitido por la agrupación, las gestiones para asegurar la realización del encuentro comenzaron el pasado 11 de mayo de 2026. En esa fecha, se presentó una carta formal ante la Dirección General de Carabineros solicitando el resguardo necesario.

Pese a haber seguido los conductos regulares para la obtención de permisos, la organización denunció que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna. Esta incertidumbre administrativa ha bloqueado la posibilidad de coordinar un evento de tal magnitud en la comuna.

Antecedentes y protocolos de seguridad

La organización explicó que este año se extremaron los procedimientos formales debido a incidentes ocurridos durante la versión 2025 del evento solidario. En dicha oportunidad, un funcionario de Carabineros participante sufrió consecuencias que no fueron detalladas en el texto.

Para evitar que se repitieran situaciones similares, los voluntarios optaron por realizar las solicitudes con meses de antelación. Sin embargo, el silencio institucional ha persistido tanto para respuestas a favor como en contra de la actividad.

«Debido al tiempo transcurrido y encontrándonos muy cercanos a la fecha de la actividad, hoy resulta imposible organizarlo de manera responsable», dicta el comunicado. La planificación y coordinación técnica requerida ya no cuenta con los plazos mínimos de ejecución.

Cinco años de tradición interrumpida

La noticia ha causado impacto en la comunidad de Puente Alto, dado que el evento se había efectuado con éxito en cinco oportunidades previas. Durante esas ediciones, los organizadores aseguran que no se registraron problemas de seguridad o incidentes mayores.

La organización enfatizó que siempre existió la voluntad y el compromiso de los voluntarios que año a año se reúnen en torno a la solidaridad. Lamentaron especialmente que este 2026 no se cuente con el respaldo de la fuerza pública para la iniciativa.

«Lamentamos especialmente esta situación, ya que este año no hemos contado ni con el apoyo ni la autorización de Carabineros de Chile», puntualizaron. El evento representaba un hito de integración para las familias del sector de Bajos de Mena.

El espíritu solidario de Puente Alto

A pesar de la cancelación del evento masivo, la organización hizo un llamado a mantener el compromiso con la cruzada solidaria nacional. Destacaron que el trabajo de los voluntarios durante años ha sido clave para el apoyo de la campaña en la zona.

«Este año no podremos encontrarnos en nuestra Teletón local, pero el espíritu solidario de Bajos de Mena sigue más vivo que nunca», concluye el aviso oficial. Los voluntarios esperan que en futuras versiones se logren reestablecer los canales de comunicación con las autoridades.

La suspensión deja una interrogante sobre cómo se canalizarán los aportes de uno de los sectores más poblados de la Región Metropolitana durante la jornada solidaria. Por ahora, la prioridad de la organización será informar a los vecinos sobre esta decisión administrativa forzada.

Exclusivo: ¿“Jardín del carrete” o “bosque comestible”?: Huerto comunitario divide a vecinos en Puente Alto

Información de edición impresa de Puente Alto Al Día

Un huerto comunitario instalado hace varios años en una esquina de Puente Alto terminó convertido en el centro de un conflicto vecinal que hoy enfrenta dos diagnósticos distintos sobre el uso del espacio. Mientras el colectivo que impulsó el proyecto sostiene que recuperó un microbasural, desarrolló una iniciativa ecológica y comunitaria y que la municipalidad actuó sin responder antes sus gestiones, vecinos del sector aseguran que pidieron su retiro por motivos de inseguridad, suciedad, desorden e incivilidades.

La versión del colectivo del huerto

De acuerdo con el testimonio entregado por Cote, integrante del grupo que mantenía el espacio, el proyecto nació hace seis años como una forma de recuperar un terreno que antes era visto como un sitio abandonado y sucio. Según su relato, allí se desarrolló primero un huerto comestible y medicinal, que con el tiempo evolucionó hacia un “bosque comestible”, combinando especies nativas con hortalizas tradicionales. Además, el lugar servía para talleres de huerto, oficios y otras actividades sociales abiertas a la comunidad.

Cote sostiene que el grupo realizó durante años un “trabajo regenerativo de la tierra” y que el valor del espacio no era solo ambiental, sino también barrial y comunitario. Asegura que, con el paso del tiempo, el huerto generó un vínculo con parte importante del sector y que hoy cuentan con más de 200 firmas de apoyo, cifra con la que buscan contrarrestar las cerca de 70 firmas que —según les informaron— habrían reunido los vecinos que pedían sacar el lugar.

Según su versión, parte del malestar vecinal se relacionaba con razones estéticas y con personas que se reunían a beber alcohol o carretear en el sector. Sin embargo, ella sostiene que ese problema no era causado por el huerto, sino que correspondía a una situación más amplia del barrio. Por eso, afirma que pidieron al municipio medidas como más iluminación y mayor seguridad nocturna, con la idea de regular el entorno sin eliminar el proyecto.

La dirigenta también reconoce que el colectivo no contaba con un permiso formal para ocupar el terreno, aunque asegura que sí existía una solicitud ingresada a la Municipalidad de Puente Alto pidiendo apoyo y visibilización para el huerto vecinal, gestión que —según denuncia— nunca obtuvo respuesta formal. En el comprobante aportado por el grupo se observa una solicitud ingresada el 28 de noviembre de 2025 ante la Alcaldía de Puente Alto, con la observación: “Adjunta documento escaneado. Requiere apoyo y visibilización de huerto vecinal, para trabajo en conjunto y evitar que soliciten retiro de este huerto”.

A juicio del colectivo, el conflicto pudo haberse abordado mediante una mediación previa. Cote afirma que intentaron reunirse con los vecinos que se oponían al huerto, pero que en dos ocasiones los dejaron plantados. También acusa que realizaron trámites ante el municipio para evitar el retiro, sin obtener una respuesta eficaz antes de que funcionarios municipales llegaran a retirar plantas, rejas, carteles y asientos. En su relato, el daño ya estaba hecho cuando lograron conversar con funcionarios municipales, aunque posteriormente se abrió una instancia de mediación para discutir el futuro del lugar.

La postura de los vecinos que pidieron el retiro

La versión de los vecinos del entorno es distinta y está centrada, sobre todo, en problemas de seguridad y convivencia. En sus testimonios, aseguran que el lugar se había transformado en un “jardín del carrete” y en un foco de incivilidades. “Nosotros veíamos a la gente encargada de aquí drogándose, tomando alcohol. Se hacen los santitos de la huerta”, señalaron algunos residentes. También afirmaron que el sitio “se presta para la inseguridad”, que allí llegaban personas a dejar basura y que incluso habían visto peleas, discusiones, consumo de alcohol durante la noche y, según denuncian, hasta una planta de marihuana en el lugar. 

Los vecinos sostienen que el problema no era la existencia de plantas en sí misma, sino el uso que terminó teniendo el lugar y el impacto que eso generaba en el barrio. “No es que a nosotros no nos gusten las plantas, es por la inseguridad que se generó”, resumieron. En esa misma línea, agregaron que el espacio funcionaba sin permiso y que, a su juicio, las personas ligadas al huerto no se hicieron cargo de las consecuencias que el entorno estaba generando para quienes viven allí. “Los del huerto no se preocuparon nunca de la seguridad, si ellos se hubiesen preocupado de eso, no hubiésemos tomado la decisión”, afirmaron.

Otra de las críticas apunta a la procedencia de quienes trabajaban en el lugar y al uso de recursos básicos del sector. Según el relato vecinal, el proyecto comenzó hace unos cinco años en una escala menor, pero con el tiempo creció y ocupó más espacio. “Comenzaron esto sin permiso de nadie”, señalaron. Además, acusaron que hasta octubre del año pasado se usaba agua del grifo para regar las plantas, situación que observan como un abuso de infraestructura pública. “Era un foco de incivilización, además sacaban agua del grifo. Imagínate que si hay un incendio, ¿De dónde sacan el agua?”, cuestionaron.

La postura fue reforzada por Isabel, presidenta de la junta de vecinos del sector, quien aseguró que la molestia fue sostenida y transversal entre residentes del entorno. “Todos los vecinos que están acá están en desacuerdo con el huerto”, afirmó. Según su versión, el espacio “traía delincuencia, suciedad, pelea, basura” y varios residentes evitaban pasar por allí debido a estos motivos. Isabel sostiene que su rol fue canalizar un malestar vecinal y que la decisión de pedir el retiro no fue personal, sino colectiva. “Yo como dirigenta lideré esto porque me lo pidieron los vecinos, pues estaban chatos de la situación”, señaló.

Registro nocturno en el que, según denuncian vecinos contrarios al huerto, jóvenes utilizan el espacio para carretear. 

En esa línea, la dirigenta asegura que reunieron 75 firmas del entorno y que el requerimiento fue ingresado formalmente ante la municipalidad. “Nosotros juntamos las firmas y las mandamos a la oficina de parte.” afirmó. También sostuvo que desde 2022 existirían ingresos por oficina de partes advirtiendo que en el lugar se estaba formando un huerto sin autorización. A su juicio, la intervención municipal respondió a una demanda concreta del barrio y ahora el foco debe estar en definir qué uso tendrá finalmente ese espacio. “La municipalidad es la que nos va a proponer qué instalar acá”, dijo.

Un conflicto aún abierto

Aunque gran parte del huerto ya fue retirado, la controversia sigue abierta. Según la versión entregada a este medio, la municipalidad está promoviendo nuevas reuniones de mediación entre representantes del colectivo y de la junta de vecinos para definir qué ocurrirá finalmente con el lugar. Entre las alternativas en discusión estaría mantener una parte reducida con plantas, mientras vecinos del sector plantean que prefieren un espacio más despejado y ordenado.

Por ahora, el caso deja al descubierto una disputa barrial compleja, donde ambas partes dicen actuar en nombre del bienestar del sector, pero desde diagnósticos muy distintos. Para unos, se destruyó un proyecto comunitario de años sin una mediación adecuada. Para otros, se respondió por fin a un problema de inseguridad y deterioro que venían arrastrando desde hace tiempo. El desenlace dependerá ahora de la capacidad de diálogo entre vecinos y de la propuesta final que impulse la municipalidad.

Puente Alto lidera cifras de hurto de energía en la RM

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La distribuidora eléctrica CGE ha detectado 608 casos en la Región Metropolitana entre 2025 y 2026. Con el apoyo de ALTO, se han presentado cerca de 1.300 querellas.

La compañía de distribución eléctrica CGE, en conjunto con ALTO, ha reforzado sus acciones legales destinadas a identificar y perseguir penalmente el hurto de energía en la zona sur de Santiago. La iniciativa pone especial foco en la comuna de Puente Alto, que destaca dentro del ranking regional de conexiones irregulares.

El plan busca sancionar a quienes intervienen los sistemas de medición o realizan conexiones no autorizadas a la red eléctrica. Estas prácticas no solo generan perjuicios económicos, sino que comprometen gravemente la estabilidad y seguridad del servicio para los vecinos que cumplen con sus obligaciones.

Puente Alto en el ranking metropolitano

Según datos de la compañía, entre enero de 2025 y junio de 2026 se han detectado 3.299 casos de hurto de energía a nivel nacional. La Región Metropolitana concentra 608 de estos incidentes, situándose como la tercera zona con mayor afectación después de Maule y O’Higgins.

Dentro de la capital, Puente Alto aparece como una de las comunas críticas en el listado de ilícitos. Esta tendencia ha obligado a la empresa a intensificar la vigilancia y el refuerzo de la seguridad de sus redes en los sectores más vulnerables a intervenciones.

Las autoridades de la distribuidora advierten que el fenómeno es persistente y requiere de una estrategia probatoria sólida. Por ello, se han desplegado equipos especializados para documentar cada hallazgo y presentarlo ante la justicia con evidencia técnica.

Estrategia judicial y resultados penales

Frente a este escenario, ALTO ha interpuesto 1.297 querellas criminales a nivel nacional desde el año 2024 hasta la fecha. Esta ofensiva legal ha permitido a las instituciones identificar a 161 personas imputadas por el delito de hurto de energía.

Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, señaló que estas acciones buscan «identificar y sancionar a los responsables» para proteger a miles de clientes. Hasta el momento, la estrategia ha logrado obtener 46 resultados judiciales favorables en los tribunales del país.

La persecución del delito ha revelado, además, un «patrón» de actuación organizada en la instalación de empalmes irregulares. Esta complejidad adicional refuerza la necesidad de contar con protocolos de investigación claros y acompañamiento legal permanente durante las causas.

Peligro de incendios y sobrecarga en la red

Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile, advirtió que no se debe subestimar el impacto de este delito en la comunidad. Según el ejecutivo, cada conexión clandestina implica una sobrecarga en la red que puede derivar en incendios o electrocuciones.

«El hurto de energía no solo afecta el patrimonio de la empresa distribuidora: se trata de la intervención de un sistema cuyo costo termina siendo traspasado al conjunto de usuarios». El riesgo de cortes de suministro es otra de las consecuencias directas que sufren los vecinos debido a estas manipulaciones.

Por esta razón, la compañía hace un llamado a la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de situaciones de manera oportuna. Cada condena obtenida envía una señal clara de que estas conductas tienen consecuencias legales y penales para los infractores.

Excomandante del Ejército advierte que militares «no están preparados» para ir a los barrios críticos

El general (r) alertó sobre el riesgo que implica el uso de armamento de guerra en zonas pobladas y la «desnaturalización» de la función militar.

El excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, entregó una dura advertencia respecto al debate por el despliegue de militares en zonas urbanas críticas. Según el general (r), el personal castrense carece de la formación necesaria para enfrentar al narcotráfico en poblaciones civiles.

Martínez fue enfático al señalar que existe una diferencia estructural entre la cultura policial y la militar. “La formación de un policía y la formación de un militar no se da de un día para el otro”, afirmó en entrevista con BioBioTV.

El exjefe del Ejército reveló que, durante el estallido social de 2019, ya había rechazado convertir a la institución en una “segunda ola de Carabineros”. En aquella ocasión, desestimó presiones de asesores presidenciales para asumir un rol activo en el orden público.

Riesgo vital para la población civil

Consultado sobre la preparación para intervenir en barrios con presencia de bandas criminales, su respuesta fue rotunda: “No, no están preparados”. Explicó que el entrenamiento militar está diseñado para escenarios de guerra y no para operar entre civiles inocentes.

Advirtió que el armamento de guerra utilizado por el Ejército supone un peligro letal en sectores densamente poblados. A diferencia de la labor policial, un disparo fallido en un barrio crítico puede tener consecuencias fatales para terceros.

“Si ese impacto no le pega al delincuente, le va a pegar a una señora o a un niño”, graficó el general (r) Martínez. El excomandante recalcó que los soldados no cuentan con herramientas intermedias para este tipo de escenarios urbanos.

Reglas de fuerza y responsabilidad política

Martínez sostuvo que la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior requiere reglas de uso de la fuerza (RUF) absolutamente precisas. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad legal por estas acciones no debe recaer en el soldado.

“El que tiene que responder no es el soldado; el que tiene que responder es quien autorizó las reglas”, aseveró respecto al mando civil. A su juicio, el Estado debe asumir políticamente las consecuencias de emplear tropas en tareas policiales.

Asimismo, argumentó que asignar estas tareas desnaturaliza la misión principal de las instituciones castrenses. Recordó que la función esencial del Ejército es exclusivamente la defensa de la soberanía nacional ante amenazas externas.

Capacidad operativa y limitaciones prácticas

El exjefe castrense también puso en duda la capacidad logística actual para cubrir nuevos despliegues permanentes. Afirmó que el Ejército dispone hoy de una fuerza operativa considerablemente menor que hace quince años.

Explicó que las unidades deben resguardar sus propias instalaciones, armamento y documentación sensible, limitando su disponibilidad en terreno. Esto dificulta que los militares se conviertan en un actor permanente de seguridad interior sin afectar sus tareas propias.

Comisión aprueba proyecto que autoriza caza de perros asilvestrados para proteger fauna silvestre

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Con 10 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados dio luz verde a la fusión de iniciativas que buscan resguardar el ecosistema y el ganado.

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar un polémico proyecto de ley que autoriza el control letal de perros asilvestrados que amenazan la biodiversidad nacional.

Esta decisión parlamentaria permite avanzar en la fusión de tres iniciativas legales que tienen como objetivo central proteger a la fauna silvestre endémica. Asimismo, busca resguardar a los animales de ganado que sufren ataques constantes en los campos.

Modificaciones a la Ley de Caza

Uno de los pilares fundamentales de esta tramitación consiste en modificar la actual Ley de Caza. El texto busca establecer legalmente que es un «deber del Estado proteger la fauna silvestre» de manera efectiva.

Para dar cumplimiento a este propósito, los órganos competentes deberán adoptar todas las medidas necesarias para cuidar a las especies. Esto abre la puerta al control poblacional de canes que han perdido su condición doméstica.

Según los antecedentes del proyecto, estos animales causan graves daños ecológicos y pérdidas económicas en diversas zonas del país. La medida busca frenar el impacto negativo de las jaurías que operan sin control humano.

Reacciones y críticas del sector animalista

Pese al amplio respaldo en la comisión, el avance de la normativa generó inmediatas reacciones de rechazo en organizaciones de tenencia responsable. Parlamentarios animalistas cuestionaron que el enfoque de la ley sea puramente punitivo.

El diputado Sebastián Videla calificó la jornada como un «día triste para todos los animales» tras conocerse el resultado de la votación. El legislador criticó que se habilite la práctica de la caza en lugar de combatir el abandono.

Videla hizo un llamado a las autoridades para apuntar al problema de fondo, que es la tenencia irresponsable y el maltrato. Para el parlamentario, combatir la falta de cuidado es más efectivo que permitir el control letal.

Próximos pasos de la normativa

El proyecto continuará ahora su discusión legislativa, donde se definirán los reglamentos específicos para la identificación de estos animales. La tramitación ha puesto en el centro del debate la tensión entre la protección de la biodiversidad y el bienestar animal.

Esto fue lo que dijo el alcalde Toledo sobre presencia de militares en barrios críticos

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El jefe comunal de Puente Alto manifestó que ante el crimen organizado el Estado debe articularse con diversas instituciones.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, manifestó su respaldo a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) sean desplegadas en zonas urbanas afectadas por la delincuencia.

El jefe comunal, calificó como positivo el uso de las capacidades militares para apoyar la labor de Carabineros.

Asimismo, Toledo subrayó que la gravedad del crimen organizado requiere una respuesta articulada de diversas instituciones estatales.

Intervención táctica

En declaraciones a Radio Infinita, el edil fue enfático respecto a su postura sobre la presencia militar en sectores residenciales. «Estoy de acuerdo con todo tipo de intervención, siempre y cuando se respete el marco legal», afirmó la autoridad municipal.

Para el alcalde, las Fuerzas Armadas poseen ventajas estratégicas que podrían ser fundamentales en barrios con altos índices de peligrosidad. Destacó específicamente las herramientas de inteligencia y los grupos tácticos con los que cuentan estas instituciones.

Toledo argumentó que estos equipos de inteligencia y contrainteligencia «debiesen poder articularse y operar cuando se requiera» en favor del Estado. Según su visión, el despliegue militar no debe ser descartado frente a la actual crisis de seguridad.

Ambigüedades de la reforma

Pese a su respaldo general, Matías Toledo advirtió que la implementación de estas medidas debe ser rigurosa. El edil señaló que los criterios de intervención deben quedar «claramente establecidos» para evitar cualquier tipo de ambigüedad en el uso de los recursos.

Toledo también planteó cuestionamientos técnicos respecto a otros puntos de la agenda de seguridad, como la redacción sobre el registro de organizaciones criminales. Su preocupación radica en que las facultades excepcionales se apliquen con total transparencia y precisión jurídica.

El objetivo central de este despliegue, según el Gobierno, es que las familias de los barrios más peligrosos recuperen su libertad de circulación. Para ello, se busca que el copamiento policial y militar sea de carácter permanente y cuente con soporte tecnológico avanzado.

Sobreviviente del “psicópata del Cajón del Maipo”: salté a un barranco para escapar

Un ingeniero informático es investigado por atacar sexualmente a lo menos cinco mujeres, a quienes contactaba mediante aplicaciones o fuera de centros nocturnos.

Un crudo testimonio entregado por una de las víctimas del autodenominado “psicópata del Cajón del Maipo” reveló la violencia con la que operaba un ingeniero informático en la zona. El sujeto es acusado de perpetrar al menos cinco agresiones sexuales contra mujeres bajo un patrón de conducta establecido.

El imputado, Ignacio Cabello Paiva, seleccionaba a sus víctimas a través de plataformas digitales como Grindr o abordándolas a la salida de diversos locales nocturnos. El caso ha cobrado relevancia nacional tras conocerse la planificación de sus ataques.

Engaños mediante aplicaciones y locales nocturnos

De acuerdo con los antecedentes expuestos en un reportaje de Chilevisión Noticias, el profesional utilizaba aplicaciones de citas para generar confianza inicial con las mujeres. En otras ocasiones, esperaba en las cercanías de discotecas para interceptarlas bajo el pretexto de ofrecerles transporte.

Una de las sobrevivientes relató que, durante el ataque, debió tomar una decisión desesperada para salvaguardar su integridad física. Su testimonio es considerado una pieza fundamental para la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

Huida desesperada y rescate en el barranco

La víctima describió que, en medio de la agresión luego de que el sujeto la contactara y la pasara a buscar a su domicilio, logró liberarse y comenzó a correr por el camino Los Areneros, de La Obra. Para evitar ser alcanzada nuevamente por el sujeto, optó por lanzarse a un barranco de gran profundidad.

Tras el impacto, la mujer permaneció oculta y herida hasta que fue localizada completamente desnunda en plena ruta G-25 por un voluntario de Bomberos.

Perfil del imputado y avance judicial

El detenido posee formación como ingeniero informático, conocimientos que presuntamente facilitaron el contacto digital con las afectadas. Al momento de su aprehensión por Carabineros, el propio individuo se vinculó con los hechos que hoy lo mantienen en Prisión Preventiva.

Actualmente, las autoridades trabajan en verificar si existen más denuncias que coincidan con el modus operandi del sospechoso. La Fiscalía cuenta con peritajes físicos y el relato exclusivo de la sobreviviente como sustento principal para la acusación.