El general (r) alertó sobre el riesgo que implica el uso de armamento de guerra en zonas pobladas y la «desnaturalización» de la función militar.
El excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, entregó una dura advertencia respecto al debate por el despliegue de militares en zonas urbanas críticas. Según el general (r), el personal castrense carece de la formación necesaria para enfrentar al narcotráfico en poblaciones civiles.
Martínez fue enfático al señalar que existe una diferencia estructural entre la cultura policial y la militar. “La formación de un policía y la formación de un militar no se da de un día para el otro”, afirmó en entrevista con BioBioTV.
El exjefe del Ejército reveló que, durante el estallido social de 2019, ya había rechazado convertir a la institución en una “segunda ola de Carabineros”. En aquella ocasión, desestimó presiones de asesores presidenciales para asumir un rol activo en el orden público.
Riesgo vital para la población civil
Consultado sobre la preparación para intervenir en barrios con presencia de bandas criminales, su respuesta fue rotunda: “No, no están preparados”. Explicó que el entrenamiento militar está diseñado para escenarios de guerra y no para operar entre civiles inocentes.
Advirtió que el armamento de guerra utilizado por el Ejército supone un peligro letal en sectores densamente poblados. A diferencia de la labor policial, un disparo fallido en un barrio crítico puede tener consecuencias fatales para terceros.
“Si ese impacto no le pega al delincuente, le va a pegar a una señora o a un niño”, graficó el general (r) Martínez. El excomandante recalcó que los soldados no cuentan con herramientas intermedias para este tipo de escenarios urbanos.
Reglas de fuerza y responsabilidad política
Martínez sostuvo que la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior requiere reglas de uso de la fuerza (RUF) absolutamente precisas. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad legal por estas acciones no debe recaer en el soldado.
“El que tiene que responder no es el soldado; el que tiene que responder es quien autorizó las reglas”, aseveró respecto al mando civil. A su juicio, el Estado debe asumir políticamente las consecuencias de emplear tropas en tareas policiales.
Asimismo, argumentó que asignar estas tareas desnaturaliza la misión principal de las instituciones castrenses. Recordó que la función esencial del Ejército es exclusivamente la defensa de la soberanía nacional ante amenazas externas.
Capacidad operativa y limitaciones prácticas
El exjefe castrense también puso en duda la capacidad logística actual para cubrir nuevos despliegues permanentes. Afirmó que el Ejército dispone hoy de una fuerza operativa considerablemente menor que hace quince años.
Explicó que las unidades deben resguardar sus propias instalaciones, armamento y documentación sensible, limitando su disponibilidad en terreno. Esto dificulta que los militares se conviertan en un actor permanente de seguridad interior sin afectar sus tareas propias.
