La concejala Tatiana Campos alertó sobre el traslado arbitrario de trabajadores municipales por mantener vínculos de cercanía con ella.
La concejala de Puente Alto, Tatiana Campos, denunció el traslado injustificado de funcionarios municipales, acusando una presunta persecución laboral al interior del municipio.
Según la autoridad comunal, las reubicaciones de los trabajadores estarían motivadas exclusivamente por la cercanía o vínculos de amistad que mantienen con ella.
La edil expuso la situación formalmente ante el Concejo Municipal, exigiendo que se revisen los antecedentes y se reviertan las medidas adoptadas.
Tensión en el municipio
«Lo quiero decir muy claro: quienes salen dañados de estas situaciones no soy yo, es la administración, ya que se merma la confianza con sus propios trabajadores», señaló Campos.
En su intervención, recalcó que estas prácticas atentan contra el compromiso de respeto funcionario que el alcalde Matías Toledo asumió en sus inicios.
La concejala advirtió que estas acciones constituyen prácticas incompatibles con un buen clima laboral y responden a consideraciones ajenas a criterios técnicos y administrativos.
«No voy a tolerar la persecución hacia ningún funcionario municipal», sentenció categóricamente la autoridad mediante sus declaraciones públicas.
Acusación en Contraloría
Esta nueva polémica surge tras un reciente proceso administrativo iniciado por la propia concejala en contra de la gestión del alcalde Toledo.
Un dictamen de Contraloría, emitido el 29 de abril de 2026, abordó el reclamo de Campos por los «atrasos sistemáticos» del jefe comunal a las sesiones.
De acuerdo con el documento legal, estas demoras impedían el inicio puntual de las reuniones, forzando en múltiples ocasiones la clausura anticipada de las tablas.
Impacto en la fiscalización
Esta situación, dijo la concejal ante el órgano contralor, afectaba directamente la sección de «Puntos Varios», limitando la presentación de requerimientos y demandas vecinales por parte de los ediles.
Ante esto, la Contraloría determinó que la inasistencia o demora del alcalde no es un motivo válido para retrasar el inicio del concejo municipal.
El dictamen precisó que, de existir el quórum legal, la sesión puede celebrarse válidamente siendo presidida por el concejal presente con mayor votación ciudadana.
Retrasos en la entrega de información
El organismo fiscalizador también constató demoras sistemáticas en las respuestas a los concejales, instruyendo al municipio dar estricto cumplimiento al plazo legal de 15 días.
En su defensa, la municipalidad argumentó la implementación de un nuevo Sistema de Concejales (SISCON) para mejorar la trazabilidad de los requerimientos.
La administración de Toledo detalló que solo durante el año 2025 se registraron 1.447 intervenciones en concejo, lo que incrementó significativamente la carga de trabajo de las direcciones.
