El jefe comunal señaló en Radio Bío Bío que utiliza elementos de protección personal, pidió mayor firmeza legislativa frente al crimen organizado y cuestionó complejos ideológicos en seguridad.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, afirmó que utiliza chaleco antibalas y otros implementos de protección personal en el marco de amenazas indirectas recibidas en medio de su agenda de seguridad. En entrevista con Radio Bío Bío, el jefe comunal señaló que no ha sido amenazado “directamente de muerte”, pero sí ha recibido mensajes intimidatorios.

“No me han amenazado directamente de muerte, pero sí han dicho que le van a ir a dejar flores a mi familia, a mi mamá (…) Sí, amenazas del tipo de ‘enciérrate, no vas a poder caminar tranquilo’”, declaró.

Consultado sobre si usa protección especial, fue explícito: “Tengo chaleco antibalas (…) aquí en mi oficina tengo un chaleco antibalas; yo ando generalmente con radio y con otros elementos de protección personal que la ley hoy día regula”.

Toledo sostuvo que la legislación vigente es “muy débil” frente a amenazas contra autoridades electas y planteó que falta discusión en el Congreso. “Creo que tiene que ver más con lo legislativo; aquí hay una falta también de que los diputados y las diputadas pongan en el centro las problemáticas que de verdad tenemos quienes estamos todo el día en el territorio”, afirmó.

En esa línea, añadió: “Cuando no hacemos el trabajo, se nos critica y, cuando lo hacemos, se nos amenaza de muerte”.

Comercio ambulante y “quebrar huevos”

En la conversación con Radio Bío Bío, el alcalde defendió los operativos contra el comercio ambulante en la comuna, asegurando que han tenido resultados positivos y respaldo ciudadano.“Se ha avanzado de manera súper exponencial, de manera positiva (…) Hoy los vecinos y las vecinas de Puente Alto están súper contentos”, indicó, destacando la colaboración con Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Toledo rechazó que la fiscalización tenga un sesgo ideológico. “Hay gente que cree que por combatir el comercio ambulante u otro tipo de incivilidades, uno automáticamente es totalitario, de izquierda, de derecha, de ultraderecha (…) cuando finalmente la seguridad de nuestros vecinos no tiene un color político”, sostuvo.

Según explicó, las medidas adoptadas responden tanto a obligaciones legales como a una consulta ciudadana realizada en la comuna. “Para hacer la pega uno no puede quedar bien con todo el mundo”, afirmó, agregando que han debido tomar decisiones “complejas” para ordenar el espacio público.

Irregularidades y sumarios internos

El alcalde también se refirió a una denuncia presentada por el municipio por posibles delitos de estafa y fraude vinculados a facturas por más de $1.000 millones, cifra que —según indicó— habría escalado en el proceso de factorización.“Fue un intento de estafa hacia el municipio (…) nosotros nos dimos cuenta antes de pagar”, señaló, precisando que no existe perjuicio patrimonial para la municipalidad, aunque sí podría configurarse un eventual fraude hacia empresas de factoring.

Asimismo, informó que existen sumarios en curso por irregularidades administrativas. En uno de los casos, un exdirector —que contaba con fuero por su rol en la asociación de funcionarios— fue desvinculado tras detectarse el uso de trabajadores, maquinaria e insumos municipales para trabajos particulares en la comuna de Pirque. El caso se encuentra actualmente en revisión por Contraloría.

Críticas transversales y relación con Codina como nuevo delegado

Toledo también abordó el escenario político y la futura designación de su antecesor, Germán Codina, como delegado presidencial regional. “Con el delegado que nos tocó, es un poco complejo”, afirmó, recordando que recibió la municipalidad —según dijo— con cuatro vehículos de seguridad operativos, cifra que actualmente asciende a 47, incluyendo motocicletas.

El alcalde sostuvo que mantiene “una crítica bien fuerte” a la gestión anterior en materia de seguridad y comercio ambulante, y aseguró que hasta ahora no ha habido contacto formal desde la futura administración central con el municipio.

En cuanto al debate político sobre seguridad, planteó que los “complejos ideológicos” no son patrimonio exclusivo de un sector. “Yo no lo asocio tanto a la izquierda como a la derecha (…) hay muchos complejos respecto a hacer la pega en materia de seguridad”, afirmó.

Dotación policial y consumo problemático

Respecto al rol de las policías, el jefe comunal evaluó positivamente el trabajo conjunto con Carabineros y la PDI, aunque advirtió que “falta dotación”. También apuntó a la labor del Ministerio Público: “Falta también la mano dura por parte de los fiscales porque muchas veces se aprehende a las personas pero no quedan detenidas”.

En paralelo, describió un problema estructural vinculado al consumo de alcohol y drogas. Según indicó, en Puente Alto habría cerca de 700 personas en situación de calle, de las cuales unas 500 presentarían consumo problemático grave. A su juicio, el 90% de las atenciones municipales —fuera de violencia intrafamiliar— se relacionan con incivilidades asociadas a esta realidad.

«Falta también una política nacional para discutir si esto es un problema de seguridad o un problema de salud pública, pero hoy día nos encontramos sin las herramientas”, afirmó.