Un ciudadano extranjero ingresó al Palacio de Gobierno hace tres años para alertar sobre una mafia transnacional que afectaba a su hija de 10 años. El caso resurge tras el informe de Contraloría y la Defensoría de la Niñez, que evidenciaron el descontrol y la desaparición de menores haitianos en Chile.
El reciente escándalo por el ingreso irregular de niños haitianos a Chile revivió una grave alerta de seguridad ocurrida hace tres años, cuando la mañana del 27 de junio de 2023 un ciudadano extranjero logró ingresar al Palacio de La Moneda para denunciar una red de explotación infantil.
El sujeto, identificado como «Fernando», se instaló en el frontis de la Casa de Gobierno con un cartel, con un cartel que portaba y cuyo mensaje advertía a las autoridades del país que portaba información sensible que afectaba directamente la seguridad nacional.
Tras acreditarse ante la guardia de Palacio, fue derivado a las oficinas del Ministerio del Interior, donde lo recibió un abogado. El denunciante buscaba entregar antecedentes a la ministra Carolina Tohá sobre una red de pornografía infantil y espionaje masivo.
Sin respuestas formales
El extranjero aseguró que tres meses antes ya había interpuesto una denuncia formal ante el Ministerio Público, sin obtener resultados. En dicha instancia judicial, relató que su propia hija de 10 años habría estado involucrada y afectada por esta presunta mafia.
«Les dije quiénes eran sus líderes y los modus operandi de cómo trabajaban», aseguró el hombre al retirarse de La Moneda. Sin embargo, acusó que las autoridades nunca llamaron a la menor de edad para constatar su estado de integridad o verificar los hechos.
A casi tres años de este inédito episodio en la casa de gobierno, no existió ninguna declaración pública de las autoridades de la época. Tampoco se logró confirmar si los antecedentes aportados por el denunciante fueron derivados efectivamente a la Fiscalía para su investigación.
Conexión con la actual crisis
Este episodio cobra nueva relevancia frente a los antecedentes revelados por un preinforme filtrado desde la Contraloría General de la República, donde se constató la entrada masiva de niños y jóvenes haitianos mediante supuestos programas de reunificación familiar, desconociéndose su paradero actual.
De manera paralela, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expuso ante el Congreso que las autoridades también fueron advertidas desde 2023. El organismo fiscalizador alertó tempranamente sobre la insuficiente respuesta estatal frente a menores migrantes y los graves riesgos de trata de personas.
La institución solicitó reiteradamente información a la Subsecretaría de la Niñez y a la PDI sobre los protocolos de ingreso fronterizo. Las respuestas institucionales confirmaron que no existían mecanismos específicos para verificar la legitimidad de los procesos de reunificación familiar de los menores.
