El alcalde Matías Toledo señaló que existen indicios sobre la posible participación de un trabajador proveniente de la administración anterior.
La Municipalidad de Puente Alto inició un sumario administrativo luego de que el alcalde Matías Toledo revelara la posible participación de un funcionario en los hechos denunciados por el presunto intento de estafa que involucra facturas por más de $1.000 millones y documentos municipales presuntamente falsificados.
El jefe comunal señaló que el trabajador provendría de la administración anterior del exalcalde Germán Codina y que actualmente estaría bajo investigación interna por otros antecedentes.
“Existen indicios que podrían sustentar la participación de un funcionario que viene de la administración anterior, y esta gestión actual lo tiene en investigación por otros hechos en los cuales también estaría involucrado; producto a esto se instruyó sumario de inmediato”, declaró.
La indagatoria administrativa se da en el contexto de la querella presentada por el municipio ante el Ministerio Público y de la denuncia ingresada a la Policía de Investigaciones (PDI), tras detectarse el intento de cobro de dos facturas por más de $1.000 millones, asociadas a la empresa Pacific Green y factorizadas por Tanner y Finameris.
El alcalde ha sostenido que dichos documentos corresponderían a servicios ya pagados por el municipio y que, además, se habría utilizado un decreto alcaldicio presuntamente adulterado para respaldar la operación.
En declaraciones a Radio Bío Bío, Toledo precisó que la empresa Pacific Green —encargada del mantenimiento de áreas verdes en la comuna— actualmente no mantiene contratos vigentes con el municipio. Asimismo, indicó que la querella fue presentada durante esta semana, por lo que aún no ha sido proveída por el tribunal y, hasta el momento, la PDI no ha recibido instrucción formal para realizar diligencias investigativas.
«Situación de riesgo inminente»
Respecto de los delitos denunciados, el jefe comunal afirmó que el municipio tiene convicción sobre los antecedentes recopilados. “Falsificación de instrumento público (decreto municipal evidentemente adulterado) y la existencia de facturas ideológicamente falsas (son materialmente válidas según SII, pero su contenido es falso, se extienden por servicios prestados y pagados con anterioridad o inexistentes)”, enfatizó.
En cuanto a la eventual afectación del municipio, Toledo explicó que la calidad de víctima se vincula a una posible estafa o fraude al fisco, al tratarse de “una situación de riesgo inminente“.
“Si bien es cierto que la municipalidad no ha aceptado las facturas factorizadas, eventualmente las podrían cobrar vía judicial, y puesto en la obligación de pagar, seríamos víctimas de ambos delitos”, advirtió el alcalde.
De acuerdo con lo señalado por la autoridad comunal, el delito de estafa se configuraría si los responsables fueran particulares, mientras que el fraude al fisco podría aplicarse tanto a funcionarios públicos como a privados.
El sumario administrativo deberá determinar si existen responsabilidades internas, mientras que las acciones judiciales buscan establecer la eventual comisión de delitos y las responsabilidades penales correspondientes.
