El 1º Juzgado Civil de Puente Alto dio inicio a un juicio ejecutivo tras una demanda presentada por Tanner Servicios Financieros. La acción legal busca el pago forzado de una factura impaga.
El 1º Juzgado Civil de Puente Alto dictó el 26 de mayo de 2026 una resolución que ordena despachar un mandamiento de ejecución y embargo contra la Ilustre Municipalidad de Puente Alto.
La medida responde a una demanda ejecutiva interpuesta por la empresa Tanner Servicios Financieros S.A., que reclama el pago de una deuda capital que asciende a $708.622.555.
Cabe mencionar que la factura -emitida por la empresa Pacific Green Chile SpA, encargada del cuidado de las áreas verdes de la comuna- fue cedida por la mencionada firma a Tanner Servicios Financieros S.A., una factoring que adelantó ese dinero al contratista y que ahora persigue el cobro directamente al municipio.
El tribunal tomó la determinación tras certificar que se cumplieron los plazos legales sin que la entidad edilicia impugnara la validez del documento tributario que originó la cobranza.
Origen de la millonaria deuda
El conflicto judicial tiene su origen en la Factura Electrónica N° 1050, emitida originalmente el 06 de noviembre de 2025 por la sociedad Pacific Green Chile SpA.
Dicho crédito fue posteriormente cedido a Tanner Servicios Financieros, cumpliendo con las normativas de la Ley 19.983 sobre la transferencia de facturas.
Según consta en el expediente Rol C-3061-2026, el documento se encuentra «irrevocablemente aceptado», al no haber sido reclamado en los términos previstos por la ley.
Sobre este punto, la Municipalidad sostiene que los servicios en cuestión — correspondiente a la factura— ya fueron pagados y Pacific Green emitió el documento en forma fraudulenta para cobrar dos veces.
A raíz de aquello, el municipio presentó en febrero una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto.
Sin embargo, los plazos del proceso civil ya se cumplieron, de ahí que el Primer Juzgado Civil haya iniciado el trámite judicial que podría terminar con el pago de $708.622.555.
Riesgo de embargo de bienes
La resolución judicial es categórica al señalar: «téngase por interpuesta demanda ejecutiva, despáchese mandamiento de ejecución y embargo» contra la casa consistorial.
La parte demandante solicitó explícitamente la traba del embargo sobre bienes muebles, inmuebles y cuentas corrientes de propiedad de la municipalidad deudora.
Incluso, la justicia designó a la propia municipalidad como depositario provisional de los bienes que resulten embargados, bajo responsabilidad civil y penal.
Notificación al Alcalde
La demanda identifica como representante legal de la institución al alcalde Matías Toledo Herrera, quien deberá ser requerido de pago en el domicilio institucional.
El tribunal ordenó que la notificación de esta demanda ejecutiva y el requerimiento de pago se realice mediante cédula a la entidad ejecutada.
De no verificarse el pago íntegro de los $708 millones, más intereses y costas, el proceso avanzará hasta el remate de bienes para saldar la deuda.
