Gabriel Boric cuestionó el congelamiento de cuentas corrientes a deudores educativos por parte de la Tesorería General de la República (TGR).
El expresidente Gabriel Boric manifestó su rechazo ante los recientes embargos de cuentas bancarias que afectan a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), ejecutados por la Tesorería General de la República (TGR), pidiendo a las fuerzas progresistas poner fin a estos vaciamientos intempestivos.
Crítica a los embargos
En su cuenta de X, Boric abordó la acción de la TGR que congeló los fondos de miles de personas endeudadas por sus estudios, sosteniendo que estas medidas de cobranza generan «graves situaciones de crisis en las economías familiares» de quienes han pagado por años montos muy superiores al valor real de sus carreras.
El exmandatario contrastó esta rigidez hacia la clase media con la postura de la oposición en el Congreso. Cuestionó que los mismos sectores que hoy justifican los embargos, votaron en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, una herramienta clave frente al crimen organizado que ocupa la banca para blanquear recursos.
«¿Dónde están las prioridades?», planteó Boric en su publicación. En su mensaje, preguntó de manera directa por qué existe inflexibilidad con familias trabajadoras endeudadas, mientras se es permisivo con los negocios ilícitos y la ruta del dinero.
Atribuciones fiscales aprobadas en su mandato
Cabe recordar que la capacidad de acción del Estado frente a los deudores se fortaleció durante la administración del propio Gabriel Boric, cuando en octubre de 2024 se promulgó la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. Esta normativa se diseñó como el esfuerzo integral más importante en 24 años para modernizar la administración y regularizar deudas tributarias.
Esta iniciativa legal otorgó nuevas atribuciones y mejores herramientas al Estado y a sus organismos recaudadores para exigir el cumplimiento de obligaciones. El proyecto proyectaba en su momento incrementar los ingresos fiscales en un 1,5% del PIB, equivalentes a cerca de 4.500 millones de dólares.
Dicha ley incluyó, paradójicamente, situaciones donde el contribuyente no podría oponerse al levantamiento del secreto bancario. Hoy, esas mismas capacidades estatales fortalecidas son las que facilitan a la Tesorería General de la República ejecutar los masivos embargos que el propio exjefe de Estado cuestiona.
