El Gobierno recurrirá al Consejo de Defensa del Estado para exigir el reembolso de los gastos tras el reciente rescate en la nieve.
El operativo aéreo para rescatar a tres personas aisladas durante seis días en las Termas de Colina costó más de $100 millones. Ante esto, autoridades gubernamentales y parlamentarios anunciaron acciones legales y un nuevo proyecto de ley para castigar la negligencia.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que el Ejecutivo acudirá al Consejo de Defensa del Estado, con el objetivo de que estudie eventuales acciones y perseguir responsabilidades por daño patrimonial contra los tres rescatados.
El gobernador Claudio Orrego detalló que el fisco desembolsó esta millonaria cifra para la extracción de Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana, quienes se trasladaron a la cordillera pese a las alertas de Senapred sobre la alta intensidad del sistema frontal.
Reembolso al Estado
Codina enfatizó que quienes infringen instrucciones oficiales y exponen a los equipos de emergencia deben responder de forma económica. «Esa persona deberá hacerse responsable al menos de los costos del rescate», afirmó el delegado presidencial.
La autoridad regional también subrayó la urgencia de legislar sobre las consecuencias de estos actos irresponsables en terreno. Indicó que, si un rescatista llega a perder la vida, el causante debe pagar «con todo el rigor de la ley».
De manera simultánea a la acción ante el CDE, diputados de Renovación Nacional presentaron una iniciativa para establecer castigos concretos. La propuesta legislativa pretende modificar la Ley 21.364, que rige el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Penas de cárcel y millonarias multas
El proyecto busca tipificar el delito de incumplimiento de órdenes de evacuación o prohibiciones de ingreso a zonas de riesgo. El diputado Mauro González explicó que esto se sancionará «con presidio menor o una multa entre 11 y 50 UTM».
Las sanciones económicas propuestas por los congresistas oscilarían entre los $788.000 y los $3.582.000, exigiendo además el reembolso total operativo. El texto señala que la deuda podrá cobrarse ejecutivamente si el infractor no paga dentro de un plazo de sesenta días.
El diputado Diego Schalper argumentó que es necesario diferenciar entre las emergencias fortuitas y las decisiones que asumen riesgos conscientes. Según el parlamentario, estas acciones negligentes «ponen en riesgo la reacción del Estado en materias de emergencia».
Legislación internacional como modelo
Esta modificación legal actualiza una moción de 2025 que ya proponía multar a excursionistas temerarios con hasta 10 UTM. La nueva norma dirige el cobro exclusivamente a quienes se exponen al peligro vulnerando una orden jurídicamente obligatoria.
Los parlamentarios justifican que la iniciativa sigue los estándares aplicados en diversas normativas internacionales frente a desastres. Destacaron que países como Francia, Nueva Zelanda y España ya exigen que los ciudadanos asuman los costos de rescate cuando existe negligencia.
