Ashly San Martín, pareja de Manuel Ignacio Fuentes Martínez, aseguró a Puente Alto al Día que la familia informó a Gendarmería sobre su estado mental antes del crimen.
Mientras Manuel Ignacio Fuentes Martínez, conocido como “Chico Ignacio”, permanece recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago tras el homicidio de su compañero de celda en el penal de Huachalalume, su pareja, Ashly San Martín, asegura que la familia llevaba tiempo alertando sobre un deterioro en su salud mental.
Fuentes Martínez, oriundo de Puente Alto y criado en la Villa Nocedal, cumple condenas que superan los 13 años por delitos de robo con violencia e intimidación. En 2023 se fugó del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, fue recapturado en el extranjero y posteriormente derivado a La Serena.
El hecho que hoy lo tiene en el centro de la atención pública ocurrió en el módulo 91 de Huachalalume, donde es investigado por el homicidio de otro interno, en un caso que incluyó presuntos actos de canibalismo y que conmocionó al sistema penitenciario. Tras el crimen, fue trasladado desde la Región de Coquimbo a la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago.
Ashly, su pareja y madre de su hijo, sostiene que los problemas psiquiátricos y de consumo venían manifestándose desde mucho antes del último hecho. “Él llevaba mucho tiempo luchando con sus tratamientos”, afirma.
Según su testimonio, Fuentes Martínez tenía antecedentes de internaciones psiquiátricas desde la infancia y había pasado por hospitales y hogares del Sename. Asegura que contaba con ficha clínica y tratamientos previos antes de cumplir la mayoría de edad. “La opinión pública está haciendo oídos sordos a la intervención que él venía teniendo desde hace más de 10 años”, señala.
Cambios de conducta y advertencias previas
Ashly relata que los primeros episodios que le generaron preocupación ocurrieron antes de que él fuera detenido, tras el nacimiento de su hijo. “Cuando mi hijo tenía 8 meses él se empezó a arrancar de la casa en las noches y yo lo iba a buscar”, recuerda.
Según su versión, ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en Rancagua, del cual también se habría escapado. Describe cambios bruscos de personalidad y episodios que atribuye tanto a problemas de salud mental como al consumo de drogas.
Ya en el sistema penitenciario, afirma que hubo períodos de estabilidad inicial, seguidos de sanciones y traslados. El punto de quiebre, asegura, ocurrió tras su traslado al penal de Huachalalume.
“Cuando fue trasladado a La Serena él cambió totalmente. Apenas hablaba y no era capaz de sostener una conversación coherente. Además fue a partir de allí cuando nos dijo que empezó a escuchar voces, y que veía una persona de negro que le decía cosas”, relata.
Asegura haber presenciado un episodio durante una visita que la alarmó. “Yo pude ver cómo él decía ‘cállate, si yo no lo voy a hacer’ a una persona que evidentemente no estaba allí”, cuenta, indicando que a partir de ese momento supo que su condición podía escalar a situaciones más delicadas.
Advertencias a Gendarmería y traslados pendientes
Ashly afirma que la familia alertó directamente a Gendarmería sobre el deterioro de la salud mental de Fuentes mientras permanecía recluido en La Serena. Según su testimonio, solicitaron evaluación psiquiátrica y advirtieron que podía hacerse daño o cometer un acto grave.
La familia, según su testimonio, habría solicitado intervención especializada. “Yo hablé con la asistente social y le dije que necesitaba que a Ignacio lo viera un psiquiatra porque él no estaba bien. De hecho, les dijimos que él podía hacerse algo”, afirma, aludiendo a un episodio ocurrido el 4 de febrero, cuando intentó lesionarse un ojo. Días después ocurrió el homicidio.
San Martín cree que el traslado a La Serena profundizó el aislamiento familiar de Manuel Ignacio y acusa que las advertencias de la familia no fueron atendidas. “Creo que la gran señal de que no estaba bien fue cuando intentó sacarse un ojo, pero aún así hicieron oídos sordos”.
Asimismo, recordó que tanto el imputado como el interno fallecido mantenían órdenes de traslado pendientes al momento del crimen.
Las afirmaciones realizadas por la entrevistada no han sido confirmadas oficialmente por Gendarmería y forman parte de los antecedentes que podrían ser revisados en el marco de la investigación en curso.
“Les pido perdón”
Consultada por la familia de la víctima, San Martín expresó: “Les pido perdón, me pongo en el lugar de ellos y el dolor que deben estar pasando”.
De cara al proceso judicial, su expectativa es que se determine su estado mental antes de cualquier sentencia. “Primeramente que lo vea un psiquiatra y se dé un verdadero diagnóstico, que le hagan un seguimiento efectivo y que después de eso se haga el juicio correspondiente”, solicita.
Finalmente, plantea una reflexión más amplia: “Necesito que las autoridades y el sistema público entiendan que la salud mental es importante, tanto para los presos como para las personas que estamos afuera”.
