La Coordinadora de Usuarios del Transporte Rural de la Provincia de Cordillera manifestó su preocupación en una comunicación conjunta con otras organizaciones.
Señalan que, a diferencia de sistemas urbanos como Red Movilidad, la locomoción colectiva rural carece de subsidios y regulación, afectando directamente a las familias.
A tres semanas de la histórica alza en los combustibles, la Coordinadora de Usuarios del Transporte Rural de la Provincia de Cordillera junto a otras organizaciones de defensa de los derechos de los usuarios manifestaron su preocupación por el impacto que el incremento ya está generando en el costo de la movilidad, especialmente en zonas rurales e intercomunales.
A través de una declaración conjunta, las agrupaciones señalaron que las recientes alzas “ya están teniendo un impacto directo e inmediato en el costo de la movilidad para miles de personas”, situación que, advierten, se agudiza fuera de los grandes centros urbanos.
Impacto en zonas rurales y servicios no regulados
El documento pone énfasis en que el escenario resulta particularmente complejo en regiones y en las comunas rurales de la Región Metropolitana, donde el transporte público opera con menor regulación y con escasas herramientas para contener variaciones en los costos.
En ese contexto, cuestionan el alcance de las medidas anunciadas por el Gobierno, como el congelamiento de tarifas en el transporte público regulado, indicando que “no resulta aplicable a gran parte de los servicios intercomunales y rurales”, que son utilizados diariamente por trabajadores, estudiantes y familias.
Asimismo, aseguran que el efecto del alza en los combustibles ya se refleja en el bolsillo de los usuarios, apuntando que “ya se han traducido en incrementos tarifarios en distintos servicios no regulados a lo largo del país”, señalaron.
Costos elevados y condiciones del servicio
Las organizaciones advierten que el aumento en las tarifas se suma a un escenario previo ya complejo para los usuarios. Según indican, el gasto en transporte puede alcanzar en muchos casos cerca de $5.000 diarios por persona, superando los $100 mil mensuales.
Con los nuevos incrementos, sostienen, esta carga se vuelve “aún más agravada, tensionando seriamente la economía de los hogares”.
A ello se agregan cuestionamientos a la calidad del servicio, mencionando problemas como deficiencias en la frecuencia, falta de cobertura en algunos sectores, sobrecarga de pasajeros, condiciones de seguridad y trato a los usuarios, entre otros aspectos.
Desde las organizaciones señalan que esta situación “no se condice con reiterados incrementos en el valor del pasaje en un corto período de tiempo”.
Brechas estructurales y demandas
El pronunciamiento también apunta a una diferencia estructural entre el transporte urbano y el de regiones o zonas periféricas. Mientras en áreas consolidadas existen mecanismos de subsidio y regulación, estas herramientas no se replican con la misma intensidad en el resto del país.
Frente a este escenario, las agrupaciones plantearon una serie de demandas a las autoridades, entre ellas extender las medidas de contención tarifaria a todos los servicios, incluyendo los rurales e intercomunales, además de avanzar en mayor regulación y transparencia en la estructura de costos.
También solicitaron fortalecer el rol del Estado en la planificación y fiscalización del sistema, con un enfoque de equidad territorial.
“Finalmente, reiteramos que el acceso a un transporte público seguro, accesible y a precios razonables no puede depender del lugar donde se habita”, señalaron, advirtiendo que abordar estas brechas es clave para avanzar hacia un sistema más equitativo.
Junto a la Coordinadora de Usuarios del Transporte Rural de la Provincia de Cordillera, se hicieron parte de la comunicación la Agrupación de Usuarios del Transporte Público de la Provincia de Llanquihue, la Organización de Usuarios del Transporte de la Región de Coquimbo y el Movimiento por una Mejor Locomoción para Buin y sus Alrededores.
