El beneficiario era Christian Gore, quien fue colaborador del exalcalde Germán Codina. El acuerdo fue suspendido tras la intervención del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado
El Tribunal de Letras de Puente Alto ordenó la retención de una indemnización de $18 millones que la municipalidad de esa comuna había acordado pagar a Christian Gore, exdirector jurídico de la Corporación Municipal de Educación y estrecho colaborador del exalcalde Germán Codina (RN). La medida fue solicitada por la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), debido a que Gore está querellado por cohecho en el marco del denominado Caso Luminarias.
Según reveló una investigación publicada por CIPER, el pago fue pactado a pocos días de las elecciones municipales de 2024, como parte de un acuerdo judicial que buscaba cerrar una demanda laboral presentada por Gore en 2023, en la que reclamaba $67 millones por “daño moral”. El exfuncionario argumentó que fue desvinculado de su cargo luego de aparecer vinculado en la prensa al Caso Itelecom, en el que se investigan supuestos pagos ilícitos por parte de la empresa a funcionarios públicos para adjudicarse licitaciones de alumbrado público.
“El juez nos hizo una propuesta y en realidad los antecedentes daban cuenta que podían no irnos bien en ese juicio”, señaló a CIPER el abogado Mauricio Cisternas, quien representó a la municipalidad. Afirmó que, ante el riesgo de perder y tener que pagar una suma mayor, accedieron a un acuerdo por $18 millones.
Sin embargo, la operación no llegó a concretarse. El Ministerio Público y el CDE solicitaron al tribunal retener los fondos, lo que fue acogido por el juzgado civil. Gore se encuentra imputado por el delito de cohecho, luego de que el CDE detectara ingresos en efectivo a sus cuentas por más de $200 millones, presuntamente relacionados con una licitación por $10 mil millones adjudicada a la empresa Itelecom. La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, lidera la indagatoria, en la que testigos han sindicado a Gore como el nexo entre la municipalidad de Puente Alto y el operador de la firma.
“El juez planteó ese monto de indemnización y cada parte de manera independiente aceptó lo planteado por el juez como resultado de una denuncia de vulneración de derechos fundamentales”, respondió Germán Codina al ser consultado por CIPER, descartando haber autorizado el pago.
La retención de la suma se suma a otro proceso judicial que enfrenta Gore: un juicio de cuentas iniciado por la Contraloría General de la República (CGR), que le exige devolver $75 millones por su rol como alcalde subrogante en 2017. Según el órgano fiscalizador, Gore rebajó de manera improcedente una multa a la empresa Telecomunicaciones Net Uno Ltda., que se había retrasado más de cinco meses en la construcción de un parque. La condonación redujo el monto de $64 millones a solo $6,4 millones. La Corte Suprema rechazó en julio de este año el recurso presentado por Gore para revertir esa sentencia.
Consultado por CIPER, el actual alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, aseguró que no estaba al tanto del acuerdo de pago y recalcó: “Como administración actual, si bien nos sometemos a la decisión de los tribunales, no le hemos entregado ningún peso a Gore. Y trabajaremos para que ningún peso sea gastado indebidamente. Nuestro compromiso está con la comunidad”.
Cuestionamientos al acuerdo
El acuerdo de pago fue sellado el 10 de octubre de 2024, solo 17 días antes de las elecciones municipales que marcaron la salida de Codina tras tres periodos como jefe comunal. En ese momento, Gore mantenía una demanda laboral contra la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, donde trabajó apenas cinco meses. En su presentación judicial, exigía una indemnización por daño moral debido a su despido, que —según alegó— se produjo por presiones políticas luego de ser vinculado al Caso Itelecom.
La Dirección del Trabajo establece que, para acceder a indemnización legal, un trabajador debe haber estado al menos un año en el cargo y haber sido despedido por necesidades de la empresa o desahucio del empleador. Gore no cumplía ese requisito. Además, su relación previa con la municipalidad se regía por el Estatuto Administrativo, que no contempla compensaciones por años de servicio.
“El daño fue provocado debido a su despido, el que se habría relacionado con la aparición de su nombre en el Caso Itelecom”, detalla la demanda de Gore, quien aseguró que su salida obedeció a un “prejuicio” por las publicaciones de prensa.
En paralelo, el CDE argumenta que Gore habría recibido sobornos mientras se desempeñaba como administrador municipal y miembro de la comisión evaluadora de licitaciones. Según la querella, fue parte de un esquema en el que Itelecom ofrecía pagos a funcionarios a cambio de asegurar adjudicaciones.
La fiscalía también incluyó en su investigación una reunión sostenida en 2018 entre Codina, Gore y ejecutivos de Itelecom, registrada en la Ley de Lobby como una “presentación de alumbrado público con eficiencia energética LED financiado por el BID”.
El acuerdo de pago por $18 millones, que hoy permanece retenido por orden judicial, fue finalmente firmado por la Corporación Municipal “con el solo ánimo de poner término al presente juicio y sin reconocer los fundamentos de la demanda”.
