Un huerto comunitario instalado hace varios años en una esquina de Puente Alto terminó convertido en el centro de un conflicto vecinal que hoy enfrenta dos diagnósticos distintos sobre el uso del espacio. Mientras el colectivo que impulsó el proyecto sostiene que recuperó un microbasural, desarrolló una iniciativa ecológica y comunitaria y que la municipalidad actuó sin responder antes sus gestiones, vecinos del sector aseguran que pidieron su retiro por motivos de inseguridad, suciedad, desorden e incivilidades.
La distribuidora eléctrica CGE ha detectado 608 casos en la Región Metropolitana entre 2025 y 2026. Con el apoyo de ALTO, se han presentado cerca de 1.300 querellas.
Con 10 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados dio luz verde a la fusión de iniciativas que buscan resguardar el ecosistema y el ganado.
El jefe comunal de Puente Alto valoró la propuesta de un nuevo Estado de Excepción focalizado para combatir el crimen organizado, pero respetando el marco legal vigente.
Un huerto comunitario instalado hace varios años en una esquina de Puente Alto terminó convertido en el centro de un conflicto vecinal que hoy enfrenta dos diagnósticos distintos sobre el uso del espacio. Mientras el colectivo que impulsó el proyecto sostiene que recuperó un microbasural, desarrolló una iniciativa ecológica y comunitaria y que la municipalidad actuó sin responder antes sus gestiones, vecinos del sector aseguran que pidieron su retiro por motivos de inseguridad, suciedad, desorden e incivilidades.
La distribuidora eléctrica CGE ha detectado 608 casos en la Región Metropolitana entre 2025 y 2026. Con el apoyo de ALTO, se han presentado cerca de 1.300 querellas.
Con 10 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados dio luz verde a la fusión de iniciativas que buscan resguardar el ecosistema y el ganado.
El jefe comunal de Puente Alto valoró la propuesta de un nuevo Estado de Excepción focalizado para combatir el crimen organizado, pero respetando el marco legal vigente.
El fatal asalto reactivó el debate sobre la seguridad pública. El alcalde de San Bernardo y el líder del PDG solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar labores preventivas.