La concejal Tatiana Campos solicitó formalmente un informe detallado tras advertir un millonario gasto en avenimientos y juicios en el municipio y sus corporaciones asociadas.
La Municipalidad de Puente Alto y sus corporaciones enfrentan un requerimiento de fiscalización tras revelarse que han destinado aproximadamente 2,1 millones de dólares a resolver conflictos laborales, despidos e indemnizaciones. La solicitud fue presentada formalmente ante el concejo por la concejal Tatiana Campos, quien busca auditar la justificación y costos de estas decisiones de personal.
De acuerdo con los antecedentes oficiales expuestos, los recursos involucrados se dividen entre la administración central del municipio y sus distintas corporaciones operativas. El municipio de Puente Alto lidera el gasto directo con un desembolso que asciende a los $988.256.010 pesos chilenos.
A esta cifra se suman $359.973.398 correspondientes a la Corporación de Educación y Salud, y $296.084.990 asignados a la Corporación de Deportes. Además, las corporaciones de Pueblito de Las Vizcachas y de Cultura registran montos de $267.714.792 y $68.110.716, respectivamente.
Impactos y el «doble costo» para la comuna
La concejal Tatiana Campos advirtió que el monto consolidado podría ser superior debido a que el informe preliminar examinado no incorpora los dos últimos meses de gestión. «Resolver económicamente un juicio no responde la pregunta principal: ¿por qué se originaron tantos conflictos?», planteó Campos en su intervención.
El requerimiento también expone presuntos problemas en el clima laboral de las dependencias municipales. Campos mencionó haber recibido relatos de exfuncionarios que apuntan a inestabilidad laboral, alta rotación y temor de activar la Ley Karin por miedo a perder el empleo.
El análisis advierte el impacto del denominado «doble costo», que ocurre al pagar una desvinculación judicializada para luego contratar a un nuevo funcionario en las mismas funciones. Esta situación generaría además pérdida de experiencia y alteración de los equipos internos de trabajo.
Las peticiones de fiscalización enviadas al municipio
En virtud de la Ley Orgánica de Municipalidades, la concejal exigió a las direcciones de Control, Jurídica y Finanzas un informe consolidado del periodo 2024-2026. El documento deberá detallar el número de trabajadores afectados, causas de despido, montos demandados y montos efectivamente pagados.
La solicitud también exige transparentar los cargos y jefaturas creados durante 2025 y 2026, detallando su modalidad contractual, remuneraciones y funciones. Asimismo, se requirió reportar las denuncias recibidas bajo la Ley Karin y las medidas preventivas implementadas contra represalias.
Finalmente, la concejal Campos solicitó que la administración municipal presente un plan preventivo para disminuir la judicialización y mejorar la evaluación de despidos.
