Los padres de Alejandro Águila proponen una nueva normativa legislativa, que busca eliminar los beneficios carcelarios para delitos en grupo y garantizar una pensión estatal provisoria a los familiares de las víctimas.
La familia de Alejandro Águila, el niño de 12 años que perdió la vida tras una encerrona en San Bernardo, solicitó la creación de la «Ley Alejandro», una propuesta legislativa que busca sancionar con cárcel efectiva, sin atenuantes ni beneficios, a quienes cometan delitos en grupo.
El hecho delictual, ocurrido el martes 23 de junio, conmocionó al país tras revelarse que el menor quedó atrapado en el cinturón de seguridad del vehículo familiar y fue arrastrado por varios kilómetros.
A raíz de este desenlace, los padres de la víctima iniciaron un llamado público dirigido al Congreso para modificar con urgencia las normativas penales vigentes frente a los delitos violentos.
Penas sin beneficios y Responsabilidad Adolescente
El foco central de la denominada «Ley Alejandro» apunta a endurecer el castigo penal. El objetivo principal es que los responsables cumplan sus condenas en recintos penitenciarios, sin importar si son menores de edad.
El padre de la víctima, Fabián, explicó a los medios que la iniciativa exige que los autores de estos crímenes de extrema violencia cumplan sus sentencias íntegramente.
«Queremos promover una ley que se llame Alejandro, esta ley busca que, independiente de su edad, quien participe en una encerrona cumplan condenas efectivas sin beneficios», detalló el progenitor.
En esta misma línea, la familia solicitó una revisión inmediata a la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Según argumentaron, el sistema no entrega hoy una respuesta justa y proporcional frente a delitos de esta gravedad.
«Carabineros hace su trabajo pero hay jueces que lamentablemente no hacen la pega», sentenció el padre del menor, apuntando directamente al accionar del sistema judicial chileno.
Apoyo económico estatal para víctimas
Además del endurecimiento de las penas, la propuesta incorpora un mecanismo de resguardo financiero y social orientado a las familias afectadas.
Los impulsores de la medida solicitan que el Estado no abandone a las víctimas e implemente la entrega de una pensión provisoria para quienes sufran la pérdida de un familiar en crímenes violentos.
Según precisaron, este subsidio permitiría a los afectados «salir adelante mientras logran reinventarse en su vida laboral y social» durante el complejo proceso de duelo.
«Ninguna condena nos devolverá a nuestro bebé, pero creemos que quienes hicieron esto deben responder por el daño causado», reflexionó el vocero familiar para concluir su declaración.
