Afirman que el municipio no entregó soluciones concretas ni alternativas viables. Muchos aseguran que dependían exclusivamente de sus puestos para sobrevivir.
En medio del conflicto por el retiro del comercio ambulante de la Plaza de Puente Alto, vendedores se pronunciaron para entregar su versión de la situación, cuestionar el término de sus permisos precarios y acusar falta de soluciones concretas por parte del municipio. Sostienen que la medida afecta directamente su sustento económico y por ello manifiestan incertidumbre ante el futuro.
Verónica Parra, comerciante con permiso precario durante una década, afirmó que la decisión los tomó por sorpresa y sin alternativas. “Nosotros llevamos más de 20 años trabajando acá y 10 años pagando permisos precarios. En la quincena de enero supimos que no había más renovación. Le pedimos una mesa de conversación, pero no nos han dado ninguna solución”, señaló.
La vendedora agregó que el permiso fue extendido solo de forma temporal, previo pago adicional. “Nos dieron plazo hasta el 21 de febrero y tuvimos que pagar casi 50 mil pesos por esa extensión. Después de eso quedamos sin nuestro lugar de trabajo”, afirmó.
Parra también acusó que “cuando el alcalde Matías Toledo estaba en campaña nos dijo que nuestro lugar de trabajo siempre iba a estar. Nos decía ‘no se preocupen chiquillos’. Ahora nos dejó sin nada”, sostuvo.
Cuestionan proceso de reubicación
Los comerciantes aseguraron que las opciones de reubicación planteadas no son claras ni viables para mantener sus ingresos.
Jacqueline, otra vendedora afectada, afirmó que las alternativas no consideran el flujo de clientes necesario para su actividad. “Nos ofrecieron una reubicación, pero en calles donde no anda gente. Nosotros dependemos del flujo de personas para poder vender. Nos dicen que están evaluando, pero no hay nada concreto”, señaló.
Según indicó, el proceso ha sido gestionado a través de oficinas municipales, pero sin definiciones concretas. “Nos hablaron de reubicación, pero ellos mismos dicen que todavía no saben dónde”, agregó.
Por otra parte, Parra también cuestionó los criterios utilizados en el proceso. “Nos han dicho que están evaluando principalmente a adultos mayores o personas enfermas, pero la mayoría de nosotros quedamos fuera”, afirmó.
“Somos trabajadores, no delincuentes”
Los vendedores también rechazaron las afirmaciones de autoridades que vinculan el comercio ambulante con incivilidades o delitos.
Noemí , comerciante con más de 20 años en el sector, defendió el carácter laboral de la actividad y aseguró que han sido estigmatizados. “Nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores. Nos metieron a todos en el mismo saco”, afirmó.
Relató que su situación económica es compleja y que depende directamente de su puesto para subsistir. Señaló que tiene 62 años, problemas de salud —incluyendo antecedentes de infarto y accidentes cerebrovasculares— y una discapacidad auditiva. Además, indicó que recientemente tomó un crédito en el BancoEstado para terminar de ampliar y mejorar su vivienda social, deuda que actualmente está pagando junto a su esposo.
“Mis remedios son caros y no los cubre el consultorio. Tengo que trabajar para poder pagarlos y también para cumplir con el crédito que pedimos para arreglar nuestra casa”, sostuvo.
La comerciante aseguró que el cierre de su fuente laboral la deja sin posibilidades de enfrentar sus gastos médicos y sus compromisos financieros.
Piden diálogo directo
Los comerciantes coincidieron en que no han tenido instancias de diálogo directo con el alcalde y que no cuentan con certezas sobre su futuro laboral. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Este ha sido nuestro sustento durante años y ahora no sabemos qué vamos a hacer”, afirmó Verónica Parra.
Los vendedores reiteraron su disposición a dialogar con las autoridades, con el objetivo de encontrar una solución que les permita continuar desarrollando su actividad laboral.
