El adolescente de 15 años de edad y nacionalidad venezolana fue imputado por amenazas y atentado contra la autoridad tras agredir a una compañera de curso y amedrentar al personal docente.
La Fiscalía Local de Osorno formalizó a un adolescente de 15 años, de nacionalidad venezolana, tras protagonizar un grave episodio de violencia al interior del Liceo Rahue durante la jornada del lunes pasado. El imputado enfrenta cargos por los delitos de amenazas y atentado contra la autoridad.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, el incidente se inició dentro del aula cuando el estudiante agredió físicamente a una compañera. La víctima recibió golpes de puño en la cabeza y el tórax.
Tras el ataque, el joven amenazó de muerte a la alumna asegurando poseer armas de fuego y armas cortas en su domicilio. Al intervenir otros escolares en defensa de la menor, el imputado procedió a amedrentarlos con un desatornillador pequeño.
Amenazas con destornillador de gran tamaño
Posteriormente, el adolescente abandonó de forma temporal las dependencias del establecimiento educacional. Sin embargo, regresó minutos más tarde portando un desatornillador de dimensiones significativamente mayores.
Con dicha herramienta, el menor intimidó de forma directa al director del establecimiento, a los profesores y a los alumnos presentes. Bajo un estado de alta alteración, aseguró que volvería armado para «agarrarlos a balazos».
Ante la inminencia del peligro, la dirección del liceo de Osorno procedió a solicitar auxilio inmediato de la fuerza pública. A la llegada del personal policial, el estudiante reaccionó de manera violenta contra los uniformados.
Reducción del imputado y cargos judiciales
El adolescente intentó agredir a los funcionarios policiales utilizando el destornillador de gran tamaño. Ante el ataque en desarrollo, el menor de edad debió ser físicamente reducido por Carabineros en el lugar para proceder a su detención.
Durante la audiencia de formalización de cargos, el Ministerio Público detalló la gravedad de los hechos y solicitó al Juzgado de Garantía la medida cautelar de internación provisoria para el menor.
Asimismo, el ente persecutor requirió la prohibición de acercarse al establecimiento educacional. No obstante, el tribunal competente determinó rechazar ambas solicitudes de la Fiscalía.
Medidas decretadas y apoyo a víctimas
En su resolución final, el tribunal decretó únicamente la prohibición del imputado de acercarse a la alumna afectada, a los demás estudiantes involucrados, al profesor y al director del liceo.
Adicionalmente, se dispuso la sujeción obligatoria del adolescente al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. El tribunal de garantía de la zona fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación correspondiente.
La Fiscalía Local catalogó el caso como de «especial gravedad» debido a las amenazas de muerte proferidas contra escolares y funcionarios. Por ello, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos ya tomó contacto con los afectados para brindarles el debido apoyo durante el proceso.
