El cese anticipado del vínculo por irregularidades de la empresa contratista deja a operarios de la tercera edad sin remuneraciones. Los afectados exigen a la administración comunal asumir la responsabilidad subsidiaria.
Luego que la Municipalidad de Puente Alto resolviera poner término anticipado al contrato de prestación de servicios que mantenía vigente con la empresa Pacific Green, a raíz de una serie de irregularidades detectadas en su funcionamiento, la situación se volvió compleja para los más de 700 trabajadores, ya que la medida derivó en el cese inmediato del pago de remuneraciones para el personal subcontratado.
Actualmente, los operarios dependientes de la firma acumulan cuatro meses consecutivos sin percibir sus respectivos sueldos, generando un escenario de alta vulnerabilidad económica.
Impacto crítico en la tercera edad
El problema reviste especial urgencia y gravedad debido a que la inmensa mayoría de la fuerza laboral contratada por Pacific Green está compuesta por adultos mayores.
Para este segmento demográfico, los ingresos mensuales generados a través de estas labores representan, en muchos casos, el único sustento económico disponible para cubrir necesidades básicas y de salud.
Tras aproximadamente 120 días sin recibir sus dineros, los trabajadores han visto drásticamente mermada su calidad de vida y su capacidad de subsistencia financiera en la comuna.
Normativa y responsabilidad subsidiaria
Ante el incumplimiento sostenido de la empresa directa, los trabajadores afectados han comenzado a organizarse para exigir la aplicación de las normativas que regulan la subcontratación.
La legislación laboral chilena establece la figura de la responsabilidad subsidiaria y solidaria para la entidad mandante, rol que en este escenario recae sobre la administración municipal.
Bajo este amparo legal, los operarios solicitan que la alcaldía responda por las deudas salariales y previsionales que la empresa contratista dejó abandonadas al momento de su salida.
Especialistas recomiendan a los trabajadores ingresar las denuncias formales ante la Inspección del Trabajo respectiva para certificar la deuda y habilitar el uso de posibles boletas de garantía.
