Un matrimonio de Puente Alto invirtió $800 mil en 2006 mediante un acuerdo informal por una vivienda con subsidio. El caso, emitido en el programa «Carmen Gloria: Fuerte y Claro» de Mega, expone el drama tras la reaparición del dueño, quien hoy exige $20 millones para no desalojarlos.
Un matrimonio de adultos mayores enfrenta el inminente riesgo de perder la vivienda que habitan desde 2006 en la comuna de Puente Alto, tras haberla adquirido mediante un acuerdo verbal.
El conflicto, expuesto recientemente en el programa de Mega «Carmen Gloria: Fuerte y Claro», revela los riesgos de omitir la escrituración legal.
Juan y Juana, los afectados, residen hace dos décadas en una casa ubicada en el límite de las villas Los Cipreses y Don Vicente. Según los antecedentes del caso televisivo, la pareja entregó $800 mil al dueño original, confiando en que dicho monto cubría la totalidad de la venta del inmueble.
El traspaso legal no pudo realizarse en su momento porque la vivienda fue obtenida por el vendedor original mediante un subsidio habitacional. Esta condición legal establecía una prohibición de venta durante cinco años, lo que motivó a las partes a realizar el trato de manera netamente informal.
Dueño reaparece exigiendo $20 millones
Veinte años después del acuerdo de palabra, el propietario original del inmueble reapareció desconociendo la supuesta venta total. El hombre exige actualmente la devolución de la propiedad habitada por los adultos mayores o el pago de $20 millones para firmar los documentos de traspaso.
Consultada su versión en el espacio televisivo, Abraham argumentó que el dinero recibido en el pasado correspondía únicamente a un «pie» de compraventa. Además, justificó su actual demanda económica señalando que enfrenta necesidades familiares y urgentes complicaciones de salud que requieren financiamiento.
El Instituto Inmobiliario de Chile, representado por su director Esteban de Barbieri, tasó comercialmente la propiedad en disputa. El especialista determinó que la vivienda posee hoy un valor que oscila entre los $48 y $53 millones, mientras que un arriendo promediaría entre $320 mil y $390 mil mensuales.
Impacto legal y opciones para los afectados
El panel jurídico del programa de Mega reiteró que toda transacción inmobiliaria en Chile requiere formalidades estrictas para ser legal y válida. Para obtener la posesión, es indispensable contar con una escritura pública ante notario y la posterior inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.
Durante el espacio se subrayó el mal uso del beneficio estatal original, ya que las normas impiden ceder inmuebles subsidiados durante el periodo de restricción. Frente a esto, se recomendó al matrimonio acudir al Serviu Metropolitano o al Ministerio de Vivienda (Minvu) para dejar constancia de su histórica residencia.
Mientras uno de los hijos evalúa trasladar a los adultos mayores hacia Puerto Montt en caso de no lograr un acuerdo, la situación evidencia un complejo escenario legal.
