El Tribunal de Garantía decretó prisión e internación provisoria para los cuatro implicados en el crimen de un menor de 12 años. El Ministerio Público solicitará las máximas penas contempladas en la legislación penal por el delito de robo con homicidio.
El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó las máximas medidas cautelares para los cuatro imputados por la fatal encerrona ocurrida la madrugada del martes 23, la que terminó con la muerte de un niño de 12 años.
Los acusados corresponden a dos adultos de 18 y 21 años, junto a dos adolescentes que actualmente tienen 17 años, a quienes la Fiscalía Occidente formalizó por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.
Durante la audiencia formal, el tribunal ordenó la medida de prisión preventiva para los dos imputados mayores de edad. En paralelo, para los dos menores involucrados se dictó la cautelar de internación provisoria en un centro especializado.
Condenas de hasta presidio perpetuo
El Ministerio Público adelantó las eventuales condenas que buscarán materializar al término de este caso judicial. Para los imputados de 18 y 21 años, el ente persecutor solicitará a futuro la pena máxima de presidio perpetuo calificado.
Por su parte, la situación procesal de los adolescentes de 17 años contempla un escenario sancionatorio distinto. La entidad acusadora confirmó que exigirá penas de diez años de privación de libertad para ambos menores infractores.
La fiscal regional occidente, Paulina Díaz, sustentó las medidas privativas de libertad detallando la gravedad del actuar de los detenidos. Según la persecutora, existen registros audiovisuales que confirman la responsabilidad penal y el dolo de la banda.
Omisión de auxilio y plazo investigativo
La fiscal Díaz explicó que los delincuentes notaron que la víctima quedó enredada en el cinturón de seguridad y fue arrastrada. «Todos los imputados eran capaces al momento de los hechos de visualizar la situación en la que se encontraba nuestra víctima», aseguró.
La autoridad regional del Ministerio Público reprochó que los sujetos continuaran su huida sin prestar el auxilio básico. «Eran capaces de obviamente haber detenido su accionar para efectos de salvaguardar su integridad y su vida. Y ninguno lo hizo», afirmó.
Para el desarrollo íntegro de las diligencias investigativas, el tribunal competente estableció un plazo de 120 días. Esta ventana de cuatro meses será determinante para reunir las pruebas que sustenten las severas penas privativas de libertad solicitadas.
