El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la medida cautelar, de prisión preventiva, a dos ex funcionarios de Carabineros de Chile. Se trata del Capitán R.C. F. y del Subteniente J.G.V., ambos recientemente formalizados por los delitos de tortura y de apremios ilegítimos, cometidos contra las víctimas L.I.S.O., M.A.S.R y G.A.S.A en la comuna de Puente Alto.
Desde la institución se informó que “los hechos corresponden a los días 28 y 29 de enero del presente año, que se conocieron a propósito de un registro de video que circuló en redes sociales, en el cual se observaba una golpiza grupal de la cual participaban funcionarios de Carabineros de Chile contra un joven que se encontraba en la vía pública, quien a propósito de estos hechos, resultó policontuso, con fracturas en sus costillas y un grave daño psicológico asociado a esta experiencia”
Este hecho motivó que la familia de una segunda víctima denunciara un hecho similar, ocurrido el día antes, en el cual además de la golpiza grupal, se investigan supuestas amenazas con arma de fuego por parte de funcionarios policiales, resultando aquella víctima también con múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, a propósito de la perforación de uno de sus pulmones, debiendo ser hospitalizado de urgencia la noche de los hechos, por encontrarse con riesgo vital.
El tribunal en la fundamentación de la resolución, destacó la especial gravedad de las imputaciones penales que recaen sobre los dos funcionarios recientemente formalizados, por cuanto detentaban el rol de mando respecto del grupo de carabineros con quienes ejercían labores de resguardo del orden público, y por tanto, se encontraban obligados a velar por que el comportamiento de los integrantes de las patrullas se ajustara a la legalidad.
“No sólo no cumplieron con aquello, y consintieron la comisión de los delitos, sino que además participaron activamente de las golpizas grupales a las víctimas”, explica el tribunal.
Durante la investigación, se pudo establecer además la existencia de una tercera víctima, respecto de quien se reformalizará a los imputados ya vinculados al caso, F.C.L., R.C.F., A.R.C., A.A.T., y M.M.C., el próximo 11 de noviembre.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su sede regional Metropolitana, es querellante en el caso y sostiene la existencia del delito reiterado de tortura en cada uno de los hechos, por cuanto los agentes estatales involucrados en estos hechos, abusando de su cargo y sus funciones, aplicaron intencionalmente a las víctimas dolores y sufrimientos graves, físicos y psicológicos, con la finalidad de castigarlos por el hecho de participar en las manifestaciones sociales que desde el 18 de octubre de 2019, se extendieron por todo el territorio nacional.
La jefa regional, Beatriz Contreras, afirmó “Seguiremos trabajando porque se cumplan los estándares de verdad, justicia, reparación y no repetición, tanto de estos casos como de los otros correspondientes al territorio de Puente Alto, en que hemos presentado querella por delitos constitutivos de violaciones a los derechos humanos”, se informa en la web de la entidad.
