Las familias reclaman que financiaron los dispositivos ante la delincuencia y hoy solicitan su devolución al municipio.
Un profundo malestar e incertidumbre embarga a las familias del sector Fray Camilo Henríquez, luego de que fueron retiradas por parte de una empresa contratista las cámaras de seguridad que la comunidad había comprado e instalado con recursos propios, en los postes del alumbrado público.
La intervención contó además con la presencia de Carabineros y personal municipal, lo que tomó por sorpresa a los residentes al no existir una comunicación previa.
«Llegaron carabineros, llegó la municipalidad y nos quitó las cámaras que con tanto esfuerzo compramos como medida de seguridad y la respuesta simplemente es que alguien solicitó que las saquen. Estamos super frustrada. Nuestros vecinos han sufrido distintos robos en la villa y tuvimos que juntar un montón de plata para comprar cámaras… Necesitamos ayuda», relató una de las vecinas del pasaje Hernando Olguín.
Marco regulatorio
Desde el punto de vista normativo, la intervención responde a que este tipo de instalaciones de particulares en el tendido público está estrictamente prohibida sin autorización previa.
Los postes de alumbrado público pertenecen a las empresas de distribución eléctrica o a las municipalidades, por lo que cualquier adosamiento de elementos externos requiere un permiso formal y el cumplimiento de exigencias técnicas, trámite que en este caso no se habría llevado cabo antes del montaje de los equipos.
Reclamo formal
Ante esta situación, la Junta de Vecinos Unidad Vecinal N°A-58 —organización con personalidad jurídica desde marzo de 1996— ingresó un reclamo formal dirigido al alcalde Matías Toledo.
En el documento, los dirigenciales argumentan que recurrieron a la autogestión debido a que no contaban con el apoyo municipal suficiente en materia de seguridad. Asimismo, la dirigenta a cargo de la solicitud expuso que, al pedir mayor atención para el cuadrante, la autoridad edilicia le habría manifestado que su gestión se encuentra enfocada en «otras zonas», comentario que afirman haber escuchado otros líderes sociales de la comuna.
Junto al reclamo, la junta vecinal presentó un petitorio de cinco puntos donde exigen que se les informe por escrito la normativa aplicada en el procedimiento, se evalúe la factibilidad de reinstalar las cámaras bajo los requisitos legales y se ordene la devolución de los aparatos.
En esa línea, los pobladores reiteran la necesidad de contar con patrullajes preventivos y cámaras municipales en el sector, acusando que ante llamados al número de emergencia 1487 no obtienen respuesta.
Un antecedente relevante aportado por los vecinos es que los registros de estas mismas cámaras particulares habían sido requeridos anteriormente por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) como evidencia en investigaciones de hechos delictivos ocurridos en el sector.
