En entrevista radial, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, detalló que actualmente hay solo tres personas en prisión preventiva por hechos de violencia relacionados con el estallido social, de más de mil imputados por la Ley de Seguridad del Estado.
Con lo anterior, la autoridad rechazó los llamados de la oposición a entregar un indulto para esos detenidos y detalló a radio Cooperativa que desde el 18 de octubre del 2019 el Gobierno interpuso 531 querellas contra 1.774 imputados por distintos delitos y reveló que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1.073 imputados.
De esos 1.073 imputados, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 están con otras medidas cautelares, 59 están condenados, dos sobreseídos y hay 489 que no han sido formalizados, se precisó, por lo que el subsecretario Galli dijo que “cuando se pide un indulto para estas personas, particularmente aquellas personas que ni siquiera han sido condenadas, claramente la señal es totalmente equivocada”.
El subsecretario de Interior agregó que “Aquellas personas que cometieron graves delitos, graves hechos de violencia, incluso utilizando artefactos incendiarios, agrediendo a fuerzas policiales o destruyendo la propiedad pública o privada, van a quedar libre de sanción, creo que eso es una mala señal para el futuro”, desestimando la existencia de presos políticos. “Hay algo que puede ser particularmente grave, que es confundir fines con medios, y en eso tenemos que ser muy tajantes”.
De igual manera puntualizó que “Una cosa es cual haya sido el fin por el cual las personas cometieron algún delito, pero el medio el que utilizaron en nuestra sociedad son considerados delitos“, asegurando que los presos políticos “son aquellas personas que son perseguidas por su opiniones políticas, por sus posturas políticas, este no es el caso”.
Al finalizar puntualizó además que “Aquí las personas que están siendo perseguidas penalmente lo están haciendo por organismos que son independientes del Gobierno, por el Ministerio Público y por los tribunales de justicia (…) lo están haciendo no por sus opiniones, están siendo perseguidos por sus hechos, y hechos gravísimos“.
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