Asimismo, el documento reveló una deuda total de más de 65 mil millones de pesos.
¿Qué pasó?
La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, entregó las cifras actualizadas del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, informando que al 21 de marzo los Juzgados de Familia del país han ingresado 50.432 personas al sistema, lo que suma un total de $65.100 millones de pesos de morosidad.
La autoridad destacó que ya se han realizado 186.509 liquidaciones. Estos datos los entregó la ministra en una visita a los Juzgados de Familia de San Miguel, oportunidad en que manifestó que estos antecedentes “visibilizan el número de personas deudoras y los obligan a cancelar y cumplir con sus obligaciones para poder salir de este registro. En todos los tribunales del país con competencia en Familia se están realizando las liquidaciones y luego se envían al registro las personas que tienen tres meses impagos continuos o cinco discontinuos”, explicó.
Acuerdo para agilizar los depósitos
En la misma línea, Chevesich informó de un acuerdo con BancoEstado para facilitar la creación de cuentas vistas donde se recepcionarían los pagos.
“Una vez que se fijaba, por ejemplo, una pensión con el carácter de provisoria, se le entregaba un oficio a la persona demandante de alimentos para que concurriera el banco y así generar la apertura de esta cuenta de ahorro a la vista, que es donde el deudor debe depositar el monto de la pensión de alimentos. En cambio, ahora, una vez realizada la audiencia en donde se fija la pensión provisoria o la definitiva, ya ahí el tribunal directamente oficia al Banco Estado y se genera este sistema por vía interconexión”, explicó. En dos semanas de funcionamiento, ya se han abierto en esta modalidad 2.929 cuentas.
La autoridad judicial recordó que en mayo comienza a regir una nueva normativa en esta materia que es la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. “Es un importante desafío no sólo para el Poder Judicial, sino para todas las instituciones involucradas y le permite al tribunal primero investigar, retener y después disponer el pago. Y se trata de investigar en todas las instituciones bancarias, financieras, los fondos de las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro, los instrumentos de inversión y financieros que tiene el deudor. Es una labor para obtener el pago. Es una labor previa muy desafiante. Así que en eso estamos trabajando con todas las instituciones involucradas como lo son la Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Pensiones, entre otras”, complementó la ministra de la Corte Suprema.
