La sede Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), interpuso querellas por delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, por hechos que habrían sucedido al interior del sector 8 del Hospital Psiquiátrico El Peral, según se informa en la web de la entidad.
¿Qué pasó?
De acuerdo a la información del INDH las cinco víctimas afectadas se encuentran internadas en la Unidad de Trastornos del Desarrollo, que se encarga de las personas con discapacidad intelectual severa, condiciones de trastorno del espectro autista (TEA) e institucionalización de larga data, por lo tanto, corresponden a grupos de especial protección.
Se describe que “entre los hechos se cuenta la violación de una mujer de 22 años, la agresión física y verbal contra un hombre de 22 años, y tres contenciones mecánicas y uso de ingreso solitario a sala de aislamiento de hombres de 54, 46 y 52 años respectivamente. Además, las medidas coercitivas se prolongaron sin respetar el marco autorizado por la lex artis clínica, y por la Ley 21.331 sobre Reconocimiento y Protección de Derechos de las Personas en la atención de salud mental, aumentando con aquello su sufrimiento y menoscabando su dignidad”.
Prisión preventiva
En el primer caso, existe un funcionario público, que ejercía el cargo de monitor al interior del dispositivo, que se encuentra actualmente formalizado y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
En la nota de prensa del INDH se indica que “Los hechos, que constan en las querellas presentadas, exigen una especial atención por parte de las instituciones públicas vinculadas al caso, para efecto de cumplir con las obligaciones de debida diligencia en la investigación y eventual sanción de los mismos, así como de garantía en el acceso a la justicia y reparación para las víctimas, sin discriminación por su condición de discapacidad”.
Por esa razón, el INDH solicitó adoptar medidas de accesibilidad, apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, y ajustes de procedimiento, de acuerdo a los establecido en los artículos 9, 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las diligencias investigativas.