Para el próximo lunes se reprogramó el inicio del juicio oral para ex funcionarios de la 20ª Comisaría de Puente Alto que se vieron involucrados en torturas y maltratos a tres puentealtinos en el marco del estallido social.

¿Qué pasó?

Rechazo transversal generó en su momento la divulgación de una brutal golpiza que sufrió un estudiante universitario de 18 años, hecho por el cual dos oficiales y cinco funcionarios de carabineros fueron dados de baja de la institución, abriéndose  una investigación en la Fiscalía local de Puente Alto para determinar las responsabilidades penales que les pueden caber a los involucrados y que terminará en Juicio Oral.

Si bien los hechos se produjeron en la noche del día 29 de enero, pasadas las 22:00 horas, el hecho se hizo público y se viralizó en redes sociales y posteriormente en medios de comunicación, luego que se liberaran las imágenes de los videos en que se aprecia la cobarde y abusiva agresión que sufre un joven a manos de carabineros que se movilizaban en el vehículos institucionales y en un automóvil.

Matías Soto Ramos, estudiante de ingeniería mecánica ya entregó su versión a la Fiscalía Metropolitana Sur, oportunidad en que en parte de su relato manifiesta que en compañía de dos amigos acudió a la estación del Metro Protectora de la Infancia, lugar en el que estaba programada una marcha en “homenaje al hincha de Colo Colo que asesinaron”, dijo.

Según La Tercera, la declaración que habría sido tomada el día 31 de diciembre,  y en ella Matías detalla que  “Eran entre 30 y 40 funcionarios, quienes llegaron en retenes policiales. Aparecieron por Av. Concha y Toro desde el norte y el sur. Rodearon la manifestación y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y gas pimienta. La gente comenzó a escapar por la calle Ángel Pimentel hacia el oriente y al poniente”.

El agredido agregó que pasaron algunos minutos y “caminé por calle Nemesio Vicuña en dirección a calle San Hugo. Por calle San Hugo caminé hasta Av. Concha y Toro, de ahí miré hacia la estación de Metro Protectora de la Infancia y vi que aún estaban los furgones de Carabineros en el lugar. En un momento Carabineros comenzó a avanzar hacia donde estábamos, algunos carabineros iban caminado, otros en retenes, nos rodearon por todos lados y nuevamente comenzaron a disparar”.

Vio que una de sus amigas se puso a correr y él también intentó escapar sin éxito  “Un carabinero me agarró del cuello e intentó subirme a un retén, yo opuse resistencia, no lo golpeé, solo forcejé con él. Como no pudo subirme al retén me tiró al suelo y comenzó a pegarme patadas en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza. Llegaron alrededor de ocho carabineros, quienes también empezaron a patearme y a golpearme con lumas. Uno de los carabineros en un momento dijo ‘dejen de pegarle, si ya está muerto’.

En la secuencia, captada por la cámara de un particular, se aprecia cómo un joven identificado como Matías Soto es reducido frente a la puerta de una casa, arribando al lugar efectivos de Carabineros quienes golpean al joven dándole bastonazos, así como golpes de puño y patadas, para posteriormente abandonarlo a su suerte y huir del lugar.

A consecuencia de lo anterior, el joven resultó con lesiones contusas y con fracturas costales que al despacho de la información lo mantenían en reposo absoluto.

Según su madre, Melissa Ramos, su hijo también tendría comprometido un hombro.

La mujer indicó que llegará hasta las últimas consecuencias para obtener justicia y comparó el actuar de los uniformados con un “portonazo” ya que “lo golpearon y salieron arrancando”.

Desde la institución en su momento señalaron que “Se trata de una situación inaceptable y fuera de todo protocolo” y que  “Ningún contexto justifica golpear a una persona y dejarla abandonada”.

DE BAJA SIETE CARABINEROS

Inicialmente carabineros, en conocimiento del hecho denunciado, informó que los involucrados estaban debidamente identificados y que habían sido separados de sus filas, pero el domingo por la tarde el coronel Eduardo Witt, quien estuvo a cargo de las comunicaciones relacionadas con este hecho,  confirmó que la institución dio de baja a siete funcionarios de la institución involucrados en la golpiza a un joven en Puente Alto, hecho que ocurrió en la vía pública y que fue registrado a través de cámaras de seguridad de una casa del sector de calle San Hugo con Cabrero.

De esta forma, el oficial precisó que “se ha dado de baja de la filas de la institución a dos oficiales y cinco carabineros que participaron en los hechos ocurridos el 29 de enero en Puente Alto”. Y agregó que: “Se hace presente que se continuará con el sumario administrativo hasta aclarar la totalidad de los hechos acaecidos y los participantes en estos. Carabineros de Chile reitera que lo acontecido se trata de una situación inaceptable e intolerable, fuera de todo protocolo o norma, y al margen de la ley”, confirmando que todos los antecedentes habían sido puestos en conocimiento del Ministerio Público.

“Se trata de una situación inaceptable y fuera de todo protocolo. Los antecedentes ya fueron puestos al Ministerio Público y se inició un sumario interno (…) Ningún contexto justifica golpear a una persona y dejarla abandonada. La sociedad nos confía su seguridad. Carabineros ha debido enfrentar momentos complejos y la mayoría ha actuado bajo las normas”, dijo al respecto el Coronel Witt.

Rodrigo Bustos, jefe jurídico INDH precisó que “nos querellamos por tortura porque se dan todos los elementos de tortura según nuestra ley y los tratados internacionales de derechos humanos”

Explicó que “El INDH tiene registrados 697 víctimas de golpizas producidas desde el 18 de octubre. La denuncia por violaciones de derechos humanos después del 18/Oct han sido de una magnitud muy grande. Lo que se espera de las autoridades es que adopten medidas para que no sigan ocurriendo”

“De las más de mil querellas del INDH, muchas tienen que ver con casos de perdigones y desnudamientos en comisarías y esperamos que para cada uno de esos casos haya investigaciones exhaustivas de acuerdo a estándares internacionales y podamos tener justicia”, precisó y dijo que espera que “no vuelvan a la institución porque “son una vergüenza”.

SEGUNDO CASO

Con la divulgación de la primera situación, a través de redes sociales se denunció un segundo caso que podría involucrar a uniformados.

En este caso la situación se produjo el día 28 de enero y sólo existen imágenes en el que el denunciante es subido a la parte trasera de un carro policial marca Dodge.

Según explicó Pablo Rivera, coordinador de litigios estratégicos del INDH, este hecho ocurrió la tarde del martes 28 de enero cuando la víctima, de iniciales L.I.C.O., participó de una manifestación en la zona céntrica de la comuna.

De acuerdo a la denuncia el joven observó que alrededor de seis uniformados de Fuerzas Especiales golpeaban a una menor de edad, por lo que él habría decidido intervenir. Fue en estas circunstancias que fue “agredido con golpes de pies, puños y con el bastón de servicio”.

Según indica Rivera, la víctima fue ingresada a una patrulla policial donde continuó siendo golpeado e, incluso, habría recibido amenazas de muerte.

El joven, según la denuncia, habría sido trasladado a un sitio eriazo en el que continuaron las agresiones. También se indica que fue cambiado a otro vehículo policial y trasladado a una unidad policial donde lo dejaron abandonado a su suerte.

Tras acudir a un centro asistencial se corroboró que sus heridas son de gravedad, detectándose fracturas costales que perforaron uno de sus pulmones, por lo que hasta ayer en la tarde continuaba recuperándose en el centro asistencial, sin alta médica.

Tal como en el caso anterior, el INDH también decidió

 presentar una querella por el delito de torturas y  la Fiscalía Metropolitana Sur, a través del fiscal Milibor Bugueño, se constituyó en el centro hospitalario para iniciar la investigación respectiva.

A los casos descritos se agregó una tercera víctima.

FORMALIZACIÓN DE OFICIALES

Meses después de la denuncia, el Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la medida cautelar, de prisión preventiva, a dos ex funcionarios de Carabineros de Chile. Se trata del Capitán R.C. F. y del Subteniente J.G.V., ambos recientemente formalizados por los delitos de tortura y de apremios ilegítimos, cometidos contra las víctimas L.I.S.O., M.A.S.R y G.A.S.A en la comuna de Puente Alto.

Desde la institución se informó que “los hechos corresponden a los días 28 y 29 de enero del presente año, que se conocieron a propósito de un registro de video que circuló en redes sociales, en el cual se observaba una golpiza grupal de la cual participaban funcionarios de Carabineros de Chile contra un joven que se encontraba en la vía pública, quien a propósito de estos hechos, resultó policontuso, con fracturas en sus costillas y un grave daño psicológico asociado a esta experiencia”

Este hecho motivó que la familia de una segunda víctima denunciara un hecho similar, ocurrido el día antes, en el cual además de la golpiza grupal, se investigan supuestas amenazas con arma de fuego por parte de funcionarios policiales, resultando aquella víctima también con múltiples fracturas de costillas y un neumotórax, a propósito de la perforación de uno de sus pulmones, debiendo ser hospitalizado de urgencia la noche de los hechos, por encontrarse con riesgo vital.

El tribunal en la fundamentación de la resolución, destacó la especial gravedad de las imputaciones penales que recaen sobre los dos funcionarios recientemente formalizados, por cuanto detentaban el rol de mando respecto del grupo de carabineros con quienes ejercían labores de resguardo del orden público, y por tanto, se encontraban obligados a velar por que el comportamiento de los integrantes de las patrullas se ajustara a la legalidad.            

“No sólo no cumplieron con aquello, y consintieron la comisión de los delitos, sino que además participaron activamente de las golpizas grupales a las víctimas”, explica el tribunal.

Durante la investigación, se pudo establecer además la existencia de una tercera víctima, por la que fueron reformalizados los imputados ya vinculados al caso, F.C.L., R.C.F., A.R.C., A.A.T., y M.M.C.,

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su sede regional Metropolitana, es querellante en el caso y sostiene la existencia del delito reiterado de tortura en cada uno de los hechos, por cuanto los agentes estatales involucrados en estos hechos, abusando de su cargo y sus funciones, aplicaron intencionalmente a las víctimas dolores y sufrimientos graves, físicos y psicológicos, con la finalidad de castigarlos por el hecho de participar en las manifestaciones sociales que desde el 18 de octubre de 2019, se extendieron por todo el territorio nacional.

La jefa regional, Beatriz Contreras, afirmó “Seguiremos trabajando porque se cumplan los estándares de verdad, justicia, reparación y no repetición, tanto de estos casos como de los otros correspondientes al territorio de Puente Alto, en que hemos presentado querella por delitos constitutivos de violaciones a los derechos humanos”, se informa en la web de la entidad.