Hace pocos momentos, el Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación penal de oficio que incluye al presidente Sebastián Piñera y a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano.
Se trata de eventuales delitos de cohecho, soborno y de otros de carácter tributario relacionados con la minera Dominga, quedando las indagatorias a cargo de la Fiscal regional de Valparaiso, Claudia Perivancicjh
La vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, precisó que “El fiscal nacional, con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido con los Pandora Papers, que tiene relación a la compraventa de la minera Dominga, vinculada a la familia del Presidente de la República”.
Se indicó que la decisión se fundó en las recomendaciones del informe evacuado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), la que analizó los antecedentes revelados por la investigación periodística internacional, Pandora Papers.
De acuerdo al documento en inglés suscrito por las partes, el pago de la última cuota por US$ 10 millones fue condicionado a que no hubiese modificaciones en la normativa medioambiental que entorpecieran el desarrollo del proyecto.
A lo anterior se suma la investigación penal desformalizada, conocida como Exalmar-Dominga, sobre negociación incompatible y uso de información privilegiada, causa en la que el Presidente Piñera fue sobreseído.
Según indica La Tercera, la Resolución firmada por el Fiscal Nacional sostiene que la opinión técnica-jurídica de UNAC concluye que los hechos revelados en los Pandora Papers no están comprendidos entre los que fueron investigados y sobreseídos en Exalmar-Dominga, ya que apuntan a la venta en un paraíso fiscal de un proyecto minero vinculado a las empresas del Presidente, con una condición de pago vinculada a la institucionalidad ambiental.
“Respecto a la circunstancia que los hechos difundidos por los medios de comunicación pudieran revestir caracteres de delito, en un análisis preliminar vinculado únicamente a la apertura de una investigación penal, se concluye que los mismos eventualmente podrían configurar los delitos de cohecho -contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal-, soborno en el caso de particulares -tipificado en el artículo 250 del mismo cuerpo legal- y delitos tributarios”, agrega la resolución.