De 457 persecutores encuestados, 160 admitieron sentirse en riesgo, 21 reportaron agresiones físicas y 192 afirmaron haber sido amenazados.
En una encuesta promovida por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) en julio pasado, se reveló una creciente inquietud entre los fiscales sobre su seguridad en el ejercicio de sus funciones.
De 457 fiscales encuestados, 160 admitieron sentirse en riesgo, 21 reportaron agresiones físicas y 192 afirmaron haber sido amenazados en relación a su cargo.
El presidente de la ANF y fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Francisco Bravo, subrayó que estas estadísticas reflejan el acoso constante que enfrentan los fiscales. “Las amenazas son una realidad casi cotidiana. Sienten que están en una situación de vulnerabilidad”, señaló Bravo.
Frente a estos riesgos, el Ministerio Público ha provisto a algunos fiscales de botones de pánico, chalecos antibalas, cascos y láminas de seguridad para sus vehículos, e incluso el servicio de Protección de Personas Importantes (PPI).
Sin embargo, hay un sector del gremio que considera estas medidas insuficientes y plantea la necesidad de portar armas como precaución adicional.
Bravo concluyó que “esto no tiene que ver con que nosotros queramos usar armas de fuego. A mí no me gustan las armas de fuego y no me gustaría usarlas, pero en las situaciones que estamos viviendo no podemos descartar desgraciadamente ninguna de las medidas que los propios colegas sugieren como posibles, ante situaciones que pueden afectar o poner en riesgo su vida”.
