El Gobierno acordó con 16 organizaciones gremiales, excluir del reajuste de un 12% a los funcionarios con un salario superior a 2.2 millones de pesos.
¿Qué pasó?
El Ministerio Público por primera vez en su historia se hace conocido por el paro que anunciaron los fiscales que integran el órgano, por ser excluidos del reajuste salarial de los trabajadores del sector público.
Más del 90% de los persecutores que participaron en una encuesta a nivel nacional, impulsada por la Asociación de Fiscales, apoyaron una paralización de actividades para este jueves, entre las 08:30 y las 14:00 horas.
La movilización se originó en protesta por la decisión del Ministerio de Hacienda, de no incorporar al servicio en el reajuste de 12% que favorecerá a los funcionarios públicos. La crisis se agravó por la negativa del ministro y la directora de Presupuesto, de recibirlos en audiencia.
Francisco Bravo presiente de la Asociación Nacional de Fiscales, señala que el motivo de la paralización es que el Ejecutivo excluyó del reajuste del 12% a un 11% de los trabajadores del Estado, quienes son “profesionales calificados, de largas carreras, en los que estamos entre otros los fiscales, pero que también están los jueces, los defensores público, los médicos, obstetras”.
El representante de los persecutores asegura que “cerca de un 25% de la planta del Ministerio Público es afectada por esta medida” y valoró como “una incoherencia con el discurso del gobierno de atacar la delincuencia y el crimen organizado y particularmente la criminalidad violenta”.
¿Cuál fue el acuerdo?
El Gobierno acordó con distintas organizaciones gremiales, que los trabajadores fiscales que tengan un sueldo bruto de hasta 2.2 millones de pesos, recibirán un reajuste salarial de un 12%. Además, hasta $4.000.000 millones será de $264.000 y para quienes ganen más de $4.000.000 no reciben reajuste.
Sobre esto, Bravo señaló que se les entregará “un bono y una cifra muchísimo menor, que no se condice con la función, con la responsabilidad que realizan estos profesionales, que en el caso nuestro alcanza un 5 o un 6%“.
El fiscal calificó la exclusión del reajuste como “una afectación directa a la independencia de la justicia y a la autonomía del Ministerio Público”. Además, dijo que era una “discriminación inaceptable”.
Luego de la aprobación del proyecto de reajuste por la Cámara de Diputados, el persecutor señaló que “nos dejan un margen muy escaso para poder reaccionar, más cuando el gobierno no ha mostrado la más mínima voluntad de conversar con las personas que hemos sido afectadas”.
