La familia del malabarista Francisco Martínez llegó hasta la Plaza Baquedano o “Plaza de la Dignidad” para pedir justicia tras la modificación de la cautelar del sargento segundo de Carabineros, Juan González, que dejó el arresto domiciliario total.
La vocera de los familiares, Rocío Caviedes, criticó la decisión indicando que: “No esperábamos que lo dejaran con arraigo nacional, con firma cada 15 días como… no sé… mataste a una persona en la calle sin siquiera prestarle primero auxilios, ni siquiera ayudarlo”, expresó.
“Es terrible la injusticia que se está cometiendo, da rabia y pena, pero todo el mundo sabe cómo está el país en este minuto, no hay justicia para el pobre, para el que es diferente, solo los de arriba tienen justicia, porque la pueden comprar, nosotros no. ¿Por qué el ‘Pancho’ no andaba en traje? Es una impotencia que haya tanta desigualdad en este país“, aseveró.
Lisette Torres, hermana mayor del malabarista señaló que su familia sufre acoso, señalando que para ella no es coincidencia lo que ocurrió con su sobrino Anthony, que fue arrojado desde el puente Pio Nono y el posterior suceso en el sur que culminó con la muerte de su hermano.
Por su parte, los abogados representantes de la familia anunciaron presentarán un recurso de queja en la Corte Suprema. Esto por cuanto se informó que una de las integrantes de la sala es madre de un oficial de carabineros.
El abogado Rodrigo Román precisó al respecto que: “Nos hemos informado de que una de las ministras que integró la sala ayer de la Corte de Valdivia, la ministra Llanos, es madre de un capitán de Carabineros de Punta Arenas, jefe del O.S.7, razón por la cual nosotros entendemos que ella estaba legalmente implicada, ella debió haberse inhabilitado”.
El querellante también agregó: “Lo cierto es que nos parece extraño que una ministra madre de un carabinero haya sido precisamente la que ayer con su voto señaló que había legítima defensa completa. Probablemente vamos a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema para que durante los próximos días sea quien resuelva esta falta”.
Cabe recodar que ayer la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió cambiar el arresto domiciliario decretado por el Juzgado de Garantía de Panguipulli, a firma quincenal y arraigo nacional mientras dure la investigación.
