El proceso de investigación se fijó en 120 días.
En medio de las graves acusaciones de corrupción que enfrenta el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, derivadas de la gestión de recursos durante la pandemia de Covid-19, la jueza Paulina Moya dictaminó que el edil deberá cumplir prisión preventiva.
La jueza aclaró que en esta etapa procesal se busca formalizar cargos, y no de juicio oral. Mencionó que las medidas cautelares deben basarse en un estándar diferente al de una condena, donde se requiere prueba más allá de toda duda razonable.
En su resolución, Moya concluyó que las medidas menos restrictivas no eran adecuadas dada la gravedad de los delitos y el potencial peligro para la sociedad.
La Fiscalía Centro Norte, representada por la fiscal Giovanna Herrera, acusó al alcalde de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delitos concursales, implicando un perjuicio de más de mil millones de pesos.
El caso se remonta a una querella presentada en 2020 por la empresa Best Quality, proveedora de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), la cual alegó no haber recibido pagos completos, desatando así la investigación.
La fiscal Herrera también solicitó prisión preventiva para otros implicados, como Muñoz Becerra, mientras que para Sendra pidió arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a coimputados.
El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, solicitó que su cliente quedara sin medidas cautelares, pero su petición fue desestimada. El proceso de investigación se fijó en 120 días.
