La Contraloría General de la República se refirió al tema de “Gas licuado a precio justo” o “Gas Popular”, señalando que la actual normativa no permite a los municipios comercializar este tipo de producto.
Lo anterior, luego que municipios de todo el país comenzaran a realizar trámites para poder vender el gas e ir en apoyo a sus vecinos que se ven afectados por las alzas sostenidas.
En concreto las municipalidades de Lo Prado, Conchalí y Pelarco hicieron las consultas al órgano contralor y la Contraloría respondió con un oficio, advirtiendo que solo podrían comercializar el gas si una ley aprobada en el Congreso así lo permite. El “marco normativo vigente no contempla autorización para que la municipalidades puedan vender gas”, se explicitó.
Se concluye asimismo que:“Resulta forzoso concluir que no obstante la delicada situación planteada por los municipios recurrentes respecto del alza de los combustibles, la venta de gas a sus vecinos solo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente”.
A diferencia con la venta de medicamentos distribuidos a través de las conocidas “farmacias populares”, se indicó que la ley las considera dentro de las funciones de atención primaria de salud con la que cuentan los municipios.
Cabe indicar que Chiguayante buscaba ser la primera comuna del país en vender gas licuado a vecinos con precio rebajado.
