La postulante a la convención constituyente que se dirimirá el próximo 11 de abril, plantea que existe una gran carencia habitacional en el país, que la inmigración disminuye la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia y solicita apelar a la justicia.
Las crisis que vive nuestro país desde el estallido social y el coronavirus, dejaron de manifiesto diversas carencias en la atención de las necesidades básicas de los chilenos, destacando entre ellas la vivienda.
En el último llamado al DS.49 postularon 200.000 personas para 2.000 subsidios disponibles. Al ser entregados los resultados, se produjo descontento y frustración por parte de los postulantes, puesto que solo el 1% logró obtener el subsidio.
Para mitigar la gran brecha, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asignó 5.000 subsidios DS.49 adicionales. Sin embargo, este llamado produjo grandes diferencias y una de ellas y a la que apunta la candidata a la convención constituyente, Bernardita Paúl, es que el estado entrega subsidios a familias extranjeras.
“El año 2017 cuando redacté el programa presidencial de Manuel José Ossandón incluí en su propuesta el priorizar siempre a las familias chilenas. Luego de 8 años en la calle conozco perfectamente la frustración de millones de personas que consideran injusto que el estado priorice a los extranjeros en las postulaciones de viviendas”.
Al respecto la candidata a redactar la próxima carta magna, Bernardita Paúl, hizo hincapié en su idea “Mi propuesta no implica excluir a los extranjeros, ellos también tienen necesidades y además pagan impuestos, pero creo que deben acogerse al subsidio de arriendo que les permite ahorrar y luego comprar una vivienda de forma particular” afirmó.
La candidata además cree que es necesario revisar los criterios actuales para asignar el puntaje para cumplir con la condición de vulnerabilidad “El decreto 49 entrega puntaje adicional cuando eres perseguido político o cuando eres de gendarmería o militar ¿Que tiene que ver? Creo que estas variables se deben eliminar del decreto. Una familia no tiene más necesidad por alguno de estos criterios. Veamos esta crisis como una oportunidad de conversar, sin violencia, en búsqueda de soluciones razonables apelando al sentido común y a la justicia”.
Estas propuestas se enmarcan en la prioridad que ha dado la candidata de incluir el derecho a la vivienda y a la ciudad en la nueva constitución, garantizando que todos, con independencia de vivir donde vivan, tengan acceso equitativo a una vivienda en condiciones, a la renta y a los servicios, al espacio público, al transporte y a la cultura.
